Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado interpuesto por el abogado LUIS GERARDO PINEDA, en su condición de co-apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia de fecha 23 de septiembre del año 2008, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Portuguesa, con sede en Guanare. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión de 23 de septiembre del año 2008, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, por las razones expuestas en la motiva. TERCERO: NO SE CONDENA EN COSTAS del recurso de apelación interpuesto por no devengar el trabajador más de tres sala.....

En consecuencia este Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez, Araure, Agua Blanca, San Rafael de Onoto y Ospino del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: "Secuestrado el vehículo marca: Chevrolet, Año 2007, Color Rojo, Placa: DCG-18N, Serial Chasi: 8Z1MJ600X7V311598, Serial del motor: X7V311598, Uso particular. Tipo Sedan, debidamente identificado por el perito y en este mismo acto lo coloca a disposición de la Depositaria Judicial Portuguesa C.A, representada legalmente por la ciudadana Restituta del Carmen Mena, antes identificada que actúa como secuestrataria quien estando presente expone: "Recibo conforme el vehículo anteriormente identificado y en este mismo acto solicito copia certificada de la presenta actuación, es todo. El Tribunal da cumplida su misión y siendo las 11:15 ordena volver a su sede es todo. Terminó, se leyó y .....

...en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de rectificación de su partida de nacimiento que hizo MAURICIO FRANCO CATERINO MARINO, ya identificado.

éste tribunal en cumplimiento de su misión, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley y, con la facultad conferida por el Tribunal Comitente, Declara: Secuestrado el inmueble consistente en una casa de habitación familiar, ubicada en la calle 3 Rivas con carrera 4 y 5, sector el Chorrito de Biscucuy Municipio Sucre estado Portuguesa, con los siguientes linderos: Norte: Con calle 3 Rivas, Este: Ocupación de Braulio Manzanilla, Sur: Ocupaciones de Tomasa Montilla, y Oeste: Ocupación de Teresa Montilla, y en éste mismo acto lo coloca a disposición del secuestratario ciudadano Sandy Martín Escalona, ya identificado, en su Condición de representante legal de la depositaria judicial Portuguesa C.A., quien estando presente expone:” Recibo conforme el inmueble secuestrado bajo las condiciones del acta levantada

DISPOSITIVA Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CONVERTIDA EN DIVORCIO la solicitud de Separación de Cuerpos, efectuada por SANDRO JOSÈ JIMÈNEZ y AUXILIADORA RODRÌGUEZ BERRIOS, ya identificados; decretada por este mismo Órgano Jurisdiccional, el día 24/04/2006, según lo establecido en el Artículo 189 del Código Civil. En consecuencia, de conformidad con lo pautado en el Artículo 184 eiusdem, queda DISUELTO el vinculo conyugal contraído por los referidos ciudadanos, en fecha treinta de abril del año dos mil dos (30/04/2002), por ante la Oficina Municipal de Registro Civil del Municipio Guanare del estado Portuguesa, tal como se evidencia del Acta Nº 176. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, sellada y firmad.....

Desprendiéndose de tal norma, que cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al del demandante o concurrir con éste en el derecho alegado, esto es, contra lo alegado por la parte demandada puede intervenir o ser llamado a la causa, de donde se deduce que para que pueda admitirse la demanda de tercería, deben cumplirse con los siguientes requisitos: 1.- El tercero debe demandar al demandante. 2.- El tercero debe demandar al demandado. 3.- El tercero debe presentar instrumento fehaciente que lo acredite como titular del derecho que reclama. En el presente caso, observa quien juzga, que la demanda de tercería fue interpuesta por la misma demandada de autos, quien es a su vez parte en el presente proceso, por lo que mal puede este Tribunal admitir la misma sino cumple con los requisitos anteriormente establecidos, ya que, si bien es cierto, la ley le otorga al justiciable la oportunidad de intervenir en un juicio, a fin reclamar un derecho que éste considere vulnerado.....

Por cuanto dicho acuerdo conciliatorio, de conformidad con lo establecido en el articulo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, no vulnera los Derechos del Niño, este Juzgado del Municipio Monseñor José Vicente de Unda del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA: HOMOLOGADA LA PRESENTE CONCILIACION, en cuanto a la fijación de la Obligación de manutención se refiere por su competencia de este Juzgado y le da carácter de cosa Juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 315 Ejusdem, en concordancia con los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento Civil. La Juez Titular, Abg. Janet del Carmen Zavarce Pinto. La Secretaria, Abg. Francisca Gonzalez de Trabiezo. Exp N° 554-2009 Milagro.

Por las razones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada LUISA ISMELDA FIGUEROA DE RIVERO, en su carácter de Fiscal Segunda del Ministerio Público; SEGUNDO: CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio, del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, en fecha 15 de enero de 2009, mediante el cual decretó el decaimiento de la Medida Cautelar de Privación Judicial de Libertad, a favor del ciudadano HECTOR DANIEL VELÁSQUEZ, por la comisión del delito de Robo Agravado y en consecuencia le impuso Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con el artículo 256 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal.

Como consecuencia de los fundamentos expuestos este Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, en funciones de control N° 3, administrando Justicia y en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA LA CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS, que le fue impuesta al ciudadano Salas Quintero José Leonardo, venezolano, soltero, nacido en fecha 07-12-1972, titular de la Cédula de Identidad N° 12.010.716, residenciado en el Barrio Monseñor Unda, calle 04, casa S/N, Guanare Estado Portuguesa, que le fuere impuesta por el delito de Violencia Física previsto en el artículo 409 del Código Penal, en perjuicio de Antonio Mejías González todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal,. Juez de Control N° 3, Abg. Rafael Clemente Mujica Gimenez La secretaria., Abg. Marielys Rojas

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal 2do de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la acción intentada por el ciudadano JOSE GREGORIO ARANGUREN contra ALMACENES Y TRANSPORTE CEREALERO A.T.C, VENEZOLANA DE GRANOS Y SERVICIO MURMUQUENA C.A, por cobro de prestaciones sociales e indemnización por enfermedad ocupacional. SEGUNDO: Se condena a las empresas accionadas al pago de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 3.289,40) por concepto de prestación de antigüedad, SEISCIENTOS TRECE BOLIVARES CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 613,54) por intereses sobre prestaciones sociales, MIL VEINTICUATRO BOLIVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.1.024,67) por vacaciones vencidas no disfrutadas y fraccionadas, QUINIENTOS SESENTA BOLIVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs.560.....