En cuanto a la prueba de informe promovida por la apoderada judicial del Instituto querellado en el capítulo VI de su escrito de promoción de pruebas, se niega su admisión habida cuenta de que tal información ya fue consignada por el propio recurrente, admitiendo reconocer el monto señalado por el Organismo querellado, de allí que la prueba resulta inoficiosa toda vez que no solamente riela la misma a los autos sino que además dejó de ser un punto controvertido.

En cuanto a la prueba de informe promovida por la apoderada judicial del Instituto querellado en el capítulo VI de su escrito de promoción de pruebas, se niega su admisión habida cuenta de que tal información ya fue consignada por el propio recurrente, admitiendo reconocer el monto señalado por el Organismo querellado, de allí que la prueba resulta inoficiosa toda vez que no solamente riela la misma a los autos sino que además dejó de ser un punto controvertido.

DECISION Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la querella interpuesta por GERMAN GARCIA LIMONTA, procediendo con el carácter de apoderado judicial del ciudadano LUIS HUMBERTO BARRIENTOS SANCHEZ, ambos identificados en el encabezamiento del presente fallo, en contra del MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR.-

Por Las razones antes expuestas este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley decide: PRIMERO: Se ADMITE el recurso de nulidad conjuntamente con amparo cautelar interpuesto por los abogados ROXANNA MEDINA LÓPEZ, DANIEL ZAIBERT SIWKA e YDANIA MOLINA LANDAETA, ya identificados, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil denominada C.A. CENTRO MÉDICO DE CARACAS, también identificada, contra la Providencia Administrativa No. 233-07, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital, Municipio Libertador, Sede Norte, de fecha 14 de marzo de 2007. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el aparte once del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena citar mediante oficio a la ciudadana Procuradora General de la República y notificar al ciudadano Fiscal General de la República, remitiéndoles copia certific.....

"...este Juzgado Superior Accidental considera que la causa alegada es suficiente por lo que, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR, la inhibición formulada por el Dr. ALFREDO JOSE MONTIEL O., Juez Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas. En consecuencia, me avoco al conocimiento de esta causa y se fija el lapso de cuarenta (40) días continuos para dictar sentencia en el presente juicio..."

"...este Juzgado Superior Accidental considera que la causa alegada es suficiente por lo que, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR, la inhibición formulada por el Dr. ALFREDO JOSE MONTIEL O., Juez Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas. En consecuencia, me avoco al conocimiento de esta causa y se fija el lapso de cuarenta (40) días continuos para dictar sentencia en el presente juicio."

"...este Juzgado Superior Accidental considera que la causa alegada es suficiente para que, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declare: CON LUGAR, la inhibición formulada por el Dr. ALFREDO JOSE MONTIEL O., Juez Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas. En consecuencia me avoco al conocimiento de esta causa y se fija el lapso de cuarenta (40) días para dictar sentencia en el presente juicio."

"...este Juzgado Superior Accidental considera que la causa alegada es suficiente por lo que, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR, la inhibición formulada por el Dr. ALFREDO JOSE MONTIEL O., Juez Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas. En consecuencia, me avoco al conocimiento de esta causa y se fija el lapso de cuarenta (40) días continuos para dictar sentencia en el presente juicio."

DISPOSITIVA En consecuencia, este Juzgado Trigésimo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ABSUELVE a los ciudadanos NILSAN ILGEN, de Nacionalidad Turca, natural de Dyarbakir, de 39 años de edad, Indocumentado, de estado civil soltero, de profesión u oficio comerciante, sin residencia fija en el país; y al ciudadano CALDERÓN PEÑA JOSÉ ALEJANDRO, quien es de nacionalidad Colombiano, natural de Bogotá, de 28 años de edad, de estado civil divorciado, de profesión u oficio Técnico de Electricidad Industrial, portador del Pasaporte N 84.344.584, residenciado en Montalbán, Edificio Parque Siete, piso 14, Apartamento 2-E, Parroquia La Vega, Municipio Libertador, del delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN, previ.....

DECLARA: CON LUGAR LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA opuesta por la parte demandada BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., y en consecuencia, SIN LUGAR, la demanda intentada por la ciudadana MIRIAM BEATRIZ BONILLA VEGAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 5.525.203. que por motivo de cobro de DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, incoara en contra de la sociedad financiera BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., Sociedad Mercantil de éste domicilio e inscrita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 15 de enero de 1938, bajo el número 30, cuya ultima modificación fue inscrita en el Registro Mercantil IV de la Circunscripción del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 20 de junio de 1997, bajo el N° 10, TOMO 30-A-cto. No hay condenatoria en costas por cuanto el trabajador se encuentra excluido conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.