Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por el abogado Pedro Agustín Rengel Núñez, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 5.539.335, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, actuando en representación de la SUCESIÓN LUIS ALFREDO RINCON CEBALLOS. En consecuencia se ANULA la Planilla Sucesoral N°000312 fecha 18 de marzo de 1996, por la cantidad de Siete Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Veintiún Bolívares con Cuarenta y Seis Céntimos (Bs.7.865.721,46), por concepto de intereses moratorios, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Se CONDENA en costas procesales a la recurrente por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total recurrido.

este Tribunal ADMITE la presente demanda en cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición de la Ley. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en del artículo 294 del Código Orgánico Tributario se DECRETA LA INTIMACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA FUNERARIA VALLES, C.A., anteriormente identificada, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de un lapso de cinco (5) días de Despacho siguientes, contados a partir de la consignación en autos de la última de las boletas de notificación libradas en este mismo Decreto, para que pague o demuestre haber pagado, apercibido de ejecución, las cantidades indicadas en el libelo de demanda, las cuales se dan aquí por reproducidas: PRIMERO: La suma de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL BOLÍVARES FUERTES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. F. 89.251,73), por concepto de impuesto, multa e intereses, objeto de la demanda. SEGUNDO: El monto de OCHO MIL NOVECIENTOS VEINT.....

este Tribunal ADMITE PARCIALMENTE los medios probatorios promovidos. En efecto, no se admite el mérito favorable que se desprende de los autos aducido por la parte accionante, por cuanto no es un medio de prueba válido de los contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, y porque en todo caso –en virtud del principio de la comunidad de la prueba -el juez está en el deber de aplicarlo de oficio independientemente de que haya sido o no alegado por las partes (Cfr. Sentencia N° 1000 de la Sala Político-Administrativa de fecha 30 de julio de 2002, caso: Proyectos N.T., C.A., Exp. N° 293 y Auto N° 481 del Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa de fecha 16 de septiembre de 2003, Exp. N° 2002-702).