Se evidencia que la pretensión de autos se vincula con la relación de empleo público existente entre la funcionaria accionante y el Gobierno del Distrito Capital, conforme a sus mismos dichos, y en virtud de ello, este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Se evidencia que la pretensión de autos se vincula con la relación de empleo público existente entre la funcionaria accionante y el Gobierno del Distrito Capital, conforme a sus mismos dichos, y en virtud de ello, este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Se evidencia que la pretensión de autos se vincula con la relación de empleo público existente entre la funcionaria accionante y el Gobierno del Distrito Capital, conforme a sus mismos dichos, y en virtud de ello, este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente acción de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente acción de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente acción de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente acción de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer de la demanda de contenido patrimonial interpuesta por las abogadas JENNIFER VILARIÑO, ZOILA BRITO, YUDITH MONTIEL, MAGALY CURRAS, NEBLET NAVAS y FARUK RAMÍREZ, actuando con el carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), contra el ciudadano FRANKLIN PALMA LINARES, todos plenamente identificados en el encabezado del presente fallo. SEGUNDO: CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia en el presente recurso. TERCERO: El DECAIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO acordada en fecha 13 de diciembre de 2010, con fundamento a la motiva del presente fallo.