Así las cosas y visto que las partes de común acuerdo han decidido transar sobre el pago de la totalidad de sus pasivos laborales, aprobados mediante el Punto de Cuenta Nº 0259 de fecha 29 de Julio de 2012 y que la misma versa sobre materias en las cuales no está prohibida la transacción, requisito sine qua non para su ejecución, este Órgano Jurisdiccional HOMOLOGA LA TRANSACCIÓN, en virtud del cumplimiento del contenido normativo estipulado en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas y visto que las partes de común acuerdo han decidido transar sobre el pago de la totalidad de sus pasivos laborales, aprobados mediante el Punto de Cuenta Nº 0259 de fecha 29 de Julio de 2012 y que la misma versa sobre materias en las cuales no está prohibida la transacción, requisito sine qua non para su ejecución, este Órgano Jurisdiccional HOMOLOGA LA TRANSACCIÓN, en virtud del cumplimiento del contenido normativo estipulado en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil.

En mérito de las razones expuestas precedentemente este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Solange Salazar, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 5.607.378, representada judicialmente por las abogadas Luisa Gioconda Yaselli Parés y Laura Capecchi Doubain, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 18.205 y 32.535, respectivamente, contra la República Bolivariana de Venezuela por Órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

En mérito de las razones expuestas precedentemente este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Marisela Cisneros Añez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo Nº 19.655, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana María José Díaz, titular de la cédula de identidad Nº V-15.919.240 contra el Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda.