Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las abogadas TERESA BORGES GARCIA, NORA ROJAS y CARMEN CARVALHO, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 22.629, 104.901 y 130.993, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de los ciudadanos NINO GIOVANNI DI GERONIMO ÁLVAREZ y MIGUEL ENRIQUE DI GERONIMO ALVAREZ, venezolanos y titulares de las cédulas de identidad Nos 2.158.278 y 2.956.336, respectivamente, en su condición de copropietarios en comunidad con otros ciudadanos, del inmueble identificado como Edificio SELE, ubicado en la sección tercera de la Urbanización Colinas de Bello Monte, Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda, contra el acto administrativo .....

Se dicto sentencia interlocutoria con fuerza definitiva mediante la cual se declaró el decaimiento de la acción por perdida del interés procesal en la solicitud incoada por la ciudadana Maria Jesús González Toro, asimismo, se dio por terminado el presente procedimiento en virtud del abandono del tramite.

Con fundamento en los motivos antes expresados, este Juzgado Octavo Superior del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley; Declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer la presente demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales incoada por el ciudadano ERNESTO BARBOZA SIRI en contra de la entidad de trabajo EJSUOOLY, C.A. y solidariamente a la ciudadana KEHURIS ADRIANA ADRIAN, a los Juzgados Laborales del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Se confirma la decisión recurrida.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la presente Acción de Amparo Constitucional conjuntamente con Medida Cautelar interpuesta por el Profesional del Derecho HENRY JOSÉ MARTÍNEZ SALAZAR, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.826.898, de este domicilio, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 8.992, Profesor Universitario, actuando en su propio nombre y representación, en defensa de sus derechos e intereses como Profesor Instructor contratado de la materia Práctica Jurídica I, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, contra la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: - IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada de suspensión de efectos solicitada por la parte querellante contra el "Acto administrativo de Remoción de fecha 06 de marzo 2017" y publicado en el Diario "El Universal" en fecha 28 de marzo de 2017, en el cual se resolvió su remoción del cargo de Operador de Seguridad que venía desempañando en el ente querellado. Así se decide.

Homologada la transacción en la demanda con motivo al pago de salarios retenidos y otros conceptos laborales incoada por la ciudadana Solvey Olay Marquina contra la entidad de trabajo BIBASBE, S.A. y OTROS

Congruentes con lo anteriormente expuesto, se evidencia que las actuaciones denunciadas como lesivas vulneran directamente los derechos y garantías constitucionales referidos al debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los accionantes en amparo constitucional como ya quedó analizado, por lo que resulta forzoso para ad quem declarar sin lugar el recurso ordinario de apelación ejercido por la representación judicial de la parte agraviante y ha lugar la acción de amparo constitucional impetrada quedando anulado el procedimiento disciplinario y sancionatorio que culminó con las resoluciones dictadas los días 19.10.2016 por el Comité Autónomo Disciplinario y el 22.1.2017 por la Junta Directiva de la asociación civil Club Puerto Azul, respectivamente, que sancionó a la ciudadana Henriette Pauchet Soto a tres (3) años de no ingreso en sus instalaciones y la negativa del otorgamiento de la Concesión Especial de Uso Revocable (CEUR) al ciudadano Guillermo Básal.....

Admisión de Pruebas.-

Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la pretensión contenida en la demanda que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS incoara la sociedad mercantil GRUPO EMPRESARIAL URBINA, G.E.U., C.A., contra la sociedad mercantil CENTRO CLÍNICO VISTA CALIFORNIA, C.A.

En consecuencia, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ADMITE dicho recurso contencioso tributario, en cuanto ha lugar a derecho, salvo su apreciación en la definitiva; por tanto, procédase a su tramitación y sustanciación de conformidad con el Capitulo I del Título VI del mencionado Código. Notifíquese al Procurador General de la República de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley que rige sus funciones, así como a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del aludido Servicio Autónomo y a la contribuyente, y una vez que conste en autos la última de las notificaciones acordadas y transcurrido el lapso contemplado en el mencionado artículo 98, quedará abierta la presente causa a pruebas conforme a lo establecido en el artículo 276 del Código Orgánico Tributario de 2014.