En tal sentido, pasa el Tribunal a revisar la caducidad de la acción de conformidad con lo señalado por el apoderado judicial de la recurrente en el libelo de la querella cuando alega que "...fue llamada por el Ministerio de Educación en fecha 1º de junio de 2005 para que mi representada recibiera las cantidades que por ley le correspondían por mas (sic) de 28 años al servicio del Estado" fecha a partir de la cual se inicia el lapso de los tres (03) meses a los que hace referencia la norma supra transcrita, el cual venció el 1 de septiembre de 2005, de allí que habiéndose interpuesto la presente querella, en fecha 1 de noviembre de 2006, ha transcurrido un período que supera con creces el lapso de tres (03) meses, previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Por tanto, debe el Tribunal declarar la caducidad de la acción y en consecuencia su inadmisibilidad y así se decide.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado JESÚS MOYA CIRBA, apoderado judicial del ciudadano LUIS CARLOS ROJAS, antes identificados, contra el CONCEJO NACIONAL ELECTORAL, y DECLINA LA COMPETENCIA en el Tribunal de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Región Capital, ordenando remitir el expediente al Juzgado Distribuidor de la Jurisdicción Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines del respectivo pronunciamiento de competencia.

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta por los abogados HUMBERTO SIMONPIETRI LUONGO, JUAN BAUTISTA SIMONPIETRI LUONGO y ATILIO AGELVIZ ALARCON, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana BERTHA MARGARITA RUA DE COLINA, antes identificados, contra la República Bolivariana de Venezuela (Ministerio de Educación Superior), y en consecuencia: 1° SE NIEGA el pago de la diferencia de las prestaciones sociales, solicitada por la actora, con fundamento en la parte motiva del presente fallo. 2° SE ORDENA el pago de los intereses de mora generados por el retardo en la cancelación de las prestaciones sociales sobre el monto de VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON VEINTISIETE CÉNTI.....

En atención al criterio supra transcrito, establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 06 de diciembre de 2005, el cual resulta vinculante para éste Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera este Tribunal que la presente solicitud de ejecución de la providencia administrativa número 0204 de fecha 20 de julio del 2003, debe ser tramitada ante el órgano que la dictó, esto es la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Miranda. En consecuencia, visto que el presente recurso fue declarado desistido en fecha 06 de julio del 2006, se declara IMPROCEDENTE la solicitud de ejecución formulada ante esta sede jurisdiccional por la abogada Margarita Navarro de Ruozi. Así se decide.

En virtud de lo expuesto anteriormente, este Juzgado debe declarar INADMISIBLE la querella funcionarial interpuesta, por no cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 19 párrafo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Así mismo se evidencia que en fecha dos (02) de junio del 2006, el ente querellado le cancela la cantidad de SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (BS. 73.199.167,54) por concepto de prestaciones sociales, fecha a partir de la cual se inicia el lapso de los tres (03) meses a los que hace referencia la norma supra transcrita, el cual venció el 02 de septiembre del año 2006, de allí, que habiéndose interpuesto la presente querella en fecha 27 de Septiembre del año 2006, ha transcurrido un período que supera el lapso de tres (03) meses, para ejercer la acción. Por tanto, debe el Tribunal declarar la caducidad de la acción y en consecuencia su inadmisibilidad de conformidad con el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y así se decide.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados JESÚS MONTES DE OCA ESCALONA y CELINA MONTES DE OCA NUÑEZ, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana NERY FLORES DE RAMOS, antes identificadas, contra La Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas.-