Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, del recurso contencioso administrativo de nulidad con suspensión de efectos interpuesto por el abogado CARLOS DE LUCA, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA CHOZA DE MACUTO S.R.L", antes identificados, contra la Providencia Administrativa N° 139 de fecha 17 de diciembre del 2002, emanada Inspectoría del Trabajo en el Estado Vargas.-

En consecuencia, visto que el recurso funcionarial fue interpuesto ante el tribunal distribuidor competente fuera del lapso previsto de los tres (03) meses a que hace referencia el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, debe el Tribunal declarar la caducidad de la acción y en consecuencia su INADMISIBILIDAD y así se decide.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer la presente acción interpuesta por la ciudadana LILA VIOLETA ROMAY DE ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° 1.693.398, asistida en este acto por el abogado FREDDY ALBERTO VIVAS RAMÍREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 68.088, contra el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO y DECLINA LA COMPETENCIA en los Tribunales de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a cuyos efectos se ordena remitir el expediente al Juzgado Distribuidor de la Jurisdicción Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

En consecuencia, visto que el recurso funcionarial fue interpuesto ante el tribunal distribuidor competente fuera del lapso previsto de los tres (03) meses a que hace referencia el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, debe el Tribunal declarar la caducidad de la acción y en consecuencia su INADMISIBILIDAD y así se decide.