En el día de hoy, el Tribunal se pronunció acerca de las pruebas promovidas por la abogada Alejandro Sanabria, apoderada judicial de la parte actora, admitiendo la prueba del merito favorable de los autos, e, inadmitiendose la confesión promovida, en virtud de que la manifestación de la parte demandada no estuvo acompañada del "animus confitendi".

Se declaró CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano CARLOS ENRIQUE GUZMÁN GARCÍA titular de la cédula de identidad Nº V-4.835.255, contra la ciudadana CAROL ELBA VALERO DE QUINTERO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.359.189, y en virtud de ello se ORDENÓ: PRIMERO: Se restituya en la posesión pacífica al ciudadano CARLOS ENRIQUE GUZMÁN GARCÍA. SEGUNDO: Se condenó en costas del presente proceso a la ciudadana CAROL ELBA VALERO DE QUINTERO. TERCERO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente fallo deberá ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad.

Se declaró este Tribunal INCOMPETENTE, para conocer el presente asunto de ADOPCIÓN solicitado por el ciudadano CÉSAR AUGUSTO MILLÁN ABREU, identificado al inicio del presente fallo, y en consecuencia, DECLINÓ LA COMPETENCIA para su conocimiento en un Juzgado de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial, asignado por distribución. Remítanse las presentes actuaciones, con oficio al Tribunal Distribuidor correspondiente.

Se admite la acción de Amparo Constitucional incoada por el ciudadano WEI YE ALBERTO MOK WU, quien actúa en representación de los ciudadanos MOK YUN KING y WANXIAN WU DE MOK, asistidos a su vez por el abogado ELEUSIS ALY BORREGO TOVAR, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 103.369, en su carácter de defensor Provisorio Segundo (2°) con Competencia en Materia Civil y Administrativa especial Inquilinaria y para la Defensa del derecho a la Vivienda -parte agraviada-, contra los ciudadanos Victoria Yolanda Herrera de Urbina y Cen Jufeng; de conformidad con los artículos 26, 27 y 55 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 1° y 2° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.