Se declara la EXTINCIÓN de la solicitud de Separación de Cuerpos y Bienes, realizada por los ciudadanos WILMER ANTONIO BOL PASTRAN e IRAMA LEONOR SÁNCHEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.524.176 y V-6.288.189, respectivamente y, en consecuencia, ordena el archivo del presente expediente.

IMPROCEDENTE LA FALTA DE CUALIDAD OPUESTA por la representación demandada. SIN LUGAR la demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO interpuesta por ISRAEL RUIZ contra ROGER CANDELARIA BARROSO; por cuanto no es posible acudir a juicio bajo los presupuestos procesales pautados en el Artículo 1.167 del Código Civil y pretender la resolución de una obligación contractual por un incumplimiento de pago que no quedó acreditado en autos. Se condena en costas a la parte demandante.

SE DECLARAN NULAS TODAS LAS ACTUACIONES ocurridas en el juicio a partir del 13 de Diciembre de 2012, inclusive y se REPONE LA CAUSA reponer la causa al estado que la representación accionante gestione nueva citación de la parte demandada, para que de contestación al fondo de la demanda. En el entendido que el lapso de contestación comenzará a computarse a partir de la constancia en autos de la practica de la citación de la parte demandada, Como consecuencia de la anterior declaratoria no hay expresa condenatoria en costas.

Se dictó auto declarando PRIMERO: Notifíquese inmediatamente a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda mediante oficios acompañados de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca de este asunto. SEGUNDO: Se ordena la SUSPENSIÓN de esta causa por un lapso de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, el cual comenzará a transcurrir a partir de la fecha de la consignación en autos de las resultas correspondientes a la notificación indicada en el punto anterior. TERCERO: Líbrense oficios, una vez que la parte interesada proceda a consignar los fotostátos correspondientes para que luego de su certificación sean remitidos a sus destinatarios.

Se niega la medida de secuestro por cuanto es forzoso concluir que para el decreto de una medida cautelar, se requiere el cumplimiento de los requisitos exigidos por nuestro legislador patrio (artículo 585), debiendo el solicitante de la cautelar acompañar los medios de prueba que lleven al Juez a la convicción de que existe efectivamente la presunción grave del peligro de infructuosidad del fallo así como el daño que la parte contra quien se pretende la medida pueda causar al requirente de la misma, no bastando la sola afirmación de tales circunstancias ni la existencia de presunción de demora del juicio; verificándose en el caso que nos ocupa que la parte actora no demostró la presunta existencia de una presunción grave del derecho que se reclama y el riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo.