Sobre la base de las distintas argumentaciones anteriormente esbozadas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1.- SIN LUGAR la solicitud de reposición de causa planteada por el apode-rado judicial del codemandado ARCELYS RAFAEL RIVAS SALAZAR. 2.- CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano ALEXANDER JOSÉ CASTILLO en contra de los ciudadanos ARCELYS RAFAEL RIVAS SALAZAR y GLORIA DEL VALLE SANTAELLA de RIVAS, todos ellos am-pliamente identificados en el cuerpo de la presente decisión. En consecuencia, se condena a los codemandados a dar cumplimiento al contrato de opción de compraventa que ellos celebraran con el actor, autentica-do en fecha 25 de septiembre de 2.007 ante la Notaría Pública Séptima del Mu-nicipio Libertador del Distrito Capital, donde quedó anotado bajo el número 081, inserto en el Tomo 073, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría. A los efectos anteriormente indicados, .....

Ahora bien, siendo que la parte demandada tiene plena capacidad para disponer del objeto sobre el que versa la controversia, su apoderado tiene la representación que se atribuyen las cuales le confieren facultad para ese acto, y se trata de materias en las que no se encuentran prohibidas las transacciones, este Tribunal Administrando Justicia y nombre de la Republica y por autoridad de la Ley , le imparte su HOMOLOGACIÓN dando por consumado el acto, debiendo procederse como Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase.

En fundamento las anteriores consideraciones, este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA LA PERENCION DE LA PRESENTE INSTANCIA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 ejusdem, y en consecuencia se producen los efectos indicados en el artículo 271 ibidem. Dada la naturaleza del presente fallo y de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay especial condenatoria en costas.