Por las razones expuestas, este Tribunal de Décimo (10°) de Primera Instancia Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada YUMAR ELIZABETH MANEIRO ZERPA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 11.941.865 contra la Providencia Administrativa No. 152-13, emanada de la Inspectoria del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 18-03-2013, en el expediente No 027-2012-01-01245, en el procedimiento de calificación de falta incoada por la entidad de trabajo VIALIDAD Y CONTRUCCIONES SUCRE S.A. contra la ciudadana YUMAR ELIZABETH MANEIRO ZERPA. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

Al respecto, considera el recurrente que el fumus bonis juris, lo constituye el hecho que la Inspectoria del Trabajo realizó una ilegal valoración de pruebas promovidas por la empresa MERCAL y no pronunciarse sobre las excepcione y defensas opuestas, alega que la providencia recurrida vulnera el derecho a la propiedad por cuando se ordena cancelar salarios caidos. Por otra parte aduce que el periculum in mora, lo constituye que la cantidad de dinero que la recurrente se vería forzada a pagar por efecto de la ejecución del acto administrativo impugnado, lo cual, en su decir, constituye un daño patrimonial irreversible, puesto que en la práctica seria imposible reivindicar dichas cantidades de dinero y obtener su efectiva repetición, alega que la ejecución del acto administrativo traeria como consecuencia el pago de cantidades de dinero ( salarios caidos) lo cual constituye un perjuicio patrimonial Esta Juzgadora, de acuerdo a lo expuesto, observa que no constan suficientes elemento.....

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por los abogados GUILLERMO CALDERON y MARILU VILLA DÁVILA, inscritos en el IPSA bajo los Nos. 7.675 y 156.863, apoderados judiciales de MERCADOS DE ALIMENTOS C.A. (MERCAL, C.A.) contra la Providencia Administrativa No. 281-13, emanada de la Inspectoria del Trabajo sede Norte, Municipio Libertador, Distrito Capital, de fecha 09-10-13, la cual declaró CON LUGAR el Reenganche y Pago de Salarios Caídos incoada por el ciudadano JOSE ALBERTO CASTRO ORTEGA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 6.371.334.