1.- COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Carlos Alberto Pérez y Walkiria Rengifo Villarroel, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 8.067 y 117.979, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ELIZABETH SALCEDO, titular de la cédula de identidad N° 6.079.859, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en virtud de la revisión y ajuste de la pensión de invalidez, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, el 16 del Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y.....

1.- CONSUMADA DE PLENO DERECHO LA PERENCIÓN; y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente demanda de contenido patrimonial interpuesta por la profesional del derecho Carmen Leonilde Ruiz Bustos, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 23.885, actuando con el carácter de apoderada judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, contra el ciudadano JAVIER JOSÉ SALAS ÁLVAREZ, titular de la cédula de identidad N° 5.925.060 y la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA, C.A., constituida según documento originalmente inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 80, Tomo 43-A Pro, en fecha 02 de noviembre de 1992, posteriormente trasladada al Registro Mercantil Cuarto de la misma Circunscripción Judicial, quedando anotado con el mismo número, tomo y fecha, por cumplimiento del contrato de fianza de anticipo N° 075-FA-4092 y el con.....

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA NOTIFICAR a la parte recurrente de "LICORERIA SAN ISIDORO S.R.L.", y/o a su apoderada judicial, en su domicilio procesal, para que dentro de un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la última de las notificaciones ordenadas, manifieste su interés en dar por concluido este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto, de conformidad con lo pautado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia 1.153 del 08 de junio de 2006. Transcurrido dicho lapso sin que la parte actora manifieste su interés, este Tribunal declarará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal.

1.- COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ALBERTO PEREZ VIVAS, titular de la cédula de identidad N° 3.556.425, debidamente asistido por el abogado León Benshimol Salamanca, inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el N° 76.696, contra el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS; en virtud del acto administrativo de remoción y retiro contenido en la Resolución N° 103 de fecha 08 de octubre de 2010. 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta, y en consecuencia: 2.1.- PROCEDENTE la nulidad de la Resolución N° 103 de fecha 08 de octubre de 2010, dictada por el Ministro del Poder Popular para el Comercio Richard Canán, donde se remueve y retira al ciudadano Alberto Pérez Vivas, antes identificado, del cargo de Técnico Inspector adscrito a la Dirección de Inspección y Fiscalización del ente querellado. 2.2.- SE ORDENA al ente descentraliz.....

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA NOTIFICAR a la parte recurrente GIOVANNI PAPADIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.519.330, y/o a su apoderado judicial, en su domicilio procesal, para que dentro de un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de su notificación y de la constancia en autos de haberse practicado la misma, manifieste su interés en dar por concluido este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto, según lo pautado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia 1.153 del 08 de junio de 2006. Transcurrido dicho lapso sin que la parte actora manifieste su interés, este Tribunal declarará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal.

1.- CONSUMADA DE PLENO DERECHO LA PERENCIÓN; y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente demanda de contenido patrimonial interpuesta por la profesional del derecho Carmen Leonilde Ruiz Bustos, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 23.885, actuando con el carácter de apoderada judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, contra el ciudadano JAVIER JOSÉ SALAS ÁLVAREZ, titular de la cédula de identidad N° 5.925.060 y la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA, C.A., constituida según documento originalmente inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 80, Tomo 43-A Pro, en fecha 02 de noviembre de 1992, posteriormente trasladada al Registro Mercantil Cuarto de la misma Circunscripción Judicial, quedando anotado con el mismo número, tomo y fecha, por cumplimiento del contrato de fianza de anticipo N° 075-FA-4352 y el con.....

1.- CONSUMADA DE PLENO DERECHO LA PERENCIÓN; y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el profesional del derecho Omar Jesús Alvarado Meza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 51.434, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano HERNÁN ESTEBAN ARAUJO SARDI, titular de la cédula de identidad 2.849.467; contra la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA; en el cual se reclama la cancelación de sus prestaciones sociales y otros pasivos laborales que a su decir le adeuda el referido ente querellado; todo ello de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de forma supletoria en la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

1.- CONSUMADA DE PLENO DERECHO LA PERENCIÓN; y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el profesional del derecho Omar Jesús Alvarado Meza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 51.434, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano BERNARDO JOSÉ GIL CORONADO, titular de la cédula de identidad 2.629.148; contra la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA; en el cual se reclama la cancelación de sus prestaciones sociales y otros pasivos laborales que a su decir le adeuda el referido ente querellado; todo ello de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de forma supletoria en la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

1.- CONSUMADA DE PLENO DERECHO LA PERENCIÓN; y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano KRISHNA PASTOR RAMÍREZ LEÓN titular de la cédula de identidad N° 14.313.624, debidamente asistido por el profesional del derecho Eduardo Capote, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.611, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA a través del CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS, en el cual reclama la nulidad del acto administrativo de destitución, contenido en la decisión N° 212 de fecha 05 de mayo de 2009, relativa al expediente disciplinario N° 39.747-09, suscrita por los miembros del Consejo Disciplinario del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas; todo ello de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aplicable.....

Ahora bien, encontrándose en la oportunidad correspondiente para emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de la presente demanda, atendiendo a las causales establecidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451, de fecha 22 de junio de 2010, este Tribunal observa de la revisión preliminar de las actas que conforman este expediente judicial, que su conocimiento no compete a otro Tribunal; que no existe acumulación de las acciones que se excluyan mutuamente o que se tramiten con procedimientos incompatibles; que no contiene conceptos irrespetuosos; no existe cosa juzgada; no resulta contraria al orden público ni a las buenas costumbres; no existe prohibición legal alguna para su admisión; que la demanda fue acompañada con los docu.....