SE DECLARÓ INCOMPENTENTE ESTE TRIBUNAL PARA SEGUIR CONOCIENDO EL PRESENTE ASUNTO POR EL TERRITORIO Y SE DECLINÓ LA COMPETENCIA EN UN TRIBUNAL DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO MIRANDA, (SEDE MUNICIPIO PAZ CASTILLO), CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 453 DE LA LOPNNA.

Se Declaró LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo estatuido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia prevista en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas.

De una revisión a las actas que conforman el presente expediente, constata quien aquí decide, que no cumplió la actora con esa carga procesal, al no comparecer oportunamente, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la admisión de la demanda, es decir, dentro de los treinta días siguientes, contados a partir del día 08 de mayo de 2013 a consignar los fotostatos correspondientes a los fines de la elaboración de la respectiva compulsa, la cual debe ser sancionada con su perención, situación esta que se verifica en el caso bajo examen, pues el actor incumplió en el proceso con sus cargas procesales como lo es el no haber comparecido a consignar las copias para la elaboración de la compulsa o señalar la dirección para la práctica de la citación. Todo lo anterior, es traducido en inactividad procesal, dentro de los preceptos sancionatorios previstos en el trascrito artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que de conformidad con la referida normativa,.....

Es importante acotar la necesidad de la argumentación y acreditación de lo hechos concretos avalados por pruebas fehacientes, de los cuales nazca la convicción de la necesidad de otorgamiento de la medida, no siendo suficiente la exposición de un simple alegato jurídico; en otras palabras, el interesado en el decreto de la medida tiene la carga no solo de alegar las razones de hecho y de derecho de la pretensión sino también demostrar con un acervo probatorio suficiente que hagan nacer en el juzgador la convicción sobre la necesidad de la medida cautelar, en virtud de que el sentenciador se encuentra impedido de suplir la carga de la parte de acreditar los argumentos, por lo que no se cumple con los extremos previstos en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en consonancia con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil para establecer su procedencia, por tal razón este Tribunal niega la medida preventiva solicitada. Así se estab.....

este Juzgado sin perjuicio de terceros de igual o mejor derecho, y conforme con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, declara TITULO SUPLETORIO sobre las bienhechurías a que se contrae la presente solicitud, a favor de la ciudadana CAROLINA DEL VALLE COVIS FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-21.574.694. Así se decide.-

DISPOSITIVO Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL ACUERDO EN FASE DE EJECUCIÓN propuesto por la entidad financiera BANCO ACTIVO, C.A, BANCO UNIVERSAL, en su carácter de parte actora y la ciudadana LORNA YATCIE MEDINA VILLEGAS, parte demandada; plenamente identificados en autos, de conformidad con el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil. Regístrese y publíquese la presente decisión.

Por las razones antes expuestas, considera quien suscribe el presente voto salvado que lo procedente en el presente caso era declarar IMPROCEDENTE la presente solicitud de revisión de sentencia interpuesta de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, por la Abogada ZULEIMA GONZALEZ, Defensora Pública Penal Octogésima Segunda (82º) del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensora del ciudadano: MARLON ARTURO MENDOZA MACIAS, contra la sentencia dictada el 23/10/12, y publicado su texto íntegro el 6/11/12, por el Juzgado Vigésimo Tercero (23°) de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual conforme a lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, condenó al mencionado acusado de autos a cumplir la pena de Ocho (8) años de Prisión, por la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artíc.....

DECISIÓN En virtud de las razones expuestas anteriormente este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA LA TRANSACCIÓN, suscrita por las partes con ocasión a la EJECUCIÒN DE LAUDO ARBITRAL, incoada por el BANCO CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la sociedad mercantil CORPORACION CANDYVEN C.A., todos identificados en autos. En consecuencia, téngase la referida transacción como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.- Dada la naturaleza de la presente decisión no hay especial condenatoria en costas.-

En consecuencia, vistas las anteriores exposiciones, este Juzgado, imparte la correspondiente HOMOLOGACIÓN a dicho Desistimiento en los términos en que fue expuesto, en consecuencia, se ordena expedir copias certificadas del presenta auto a los fines estadísticos y se deja constancia que una vez vencido el lapso para que las parte ejerzan los recursos que consideren pertinente contra el presente auto se ordenara el cierre y archivo del expediente. Así se decide. Cúmplase lo ordenado.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, una vez verificado que no existe violación de norma de orden público, declara PERIMIDA la instancia en la querella interpuesta por la ciudadana YNES FRANCELINA MACHADO DE MOLINA, asistida por el abogado José del Carmen Blanco, contra el Gobierno del Distrito Capital.