A través de SENTENCIA DEFINITIVA el Tribunal declaró CON LUGAR la solicitud de divorcio realizada por los ciudadanos ADRIANA DOBARRO OCHOA y ALFREDO DI MAURO PACIELLO. En consecuencia, se declaró DISUELTO el vínculo matrimonial que los une, contraído por ellos en fecha 17 de mayo de 2003, por ante la Alcaldía del Municipio Chacao, Estado Miranda, anotada bajo el Acta No. 216, Tomo 01, Folio 216, del año 2003, del libro de Matrimonios del Registro Civil respectivo. Se ordenó librar Oficios a la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Miranda, al Registrador Principal del Estado Miranda y a la Oficina Regional del Consejo Nacional Electoral, anexandoles copia certificada de la presente sentencia, así como el auto de ejecución, a los fines de dar cumplimiento al Artículo 774 del Código de Procedimiento Civil.

este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Artículo 270 eiusdem, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ibídem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. SEGUNDO: NO SE CAUSARON costas en este asunto dada la naturaleza del fallo, a tenor de lo establecido en el Artículo 283 del Código Adjetivo Civil.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de al Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Parcialmente con lugar el recurso de apelación de la parte demandada contra la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial, de fecha 23 de abril de 2013, la cual queda modificada en los términos de este fallo. SEGUNDO: Parcialmente con lugar la demanda interpuesta por ASTRID JOSEFINA SILVA MARCANO, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 6.248.211; contra la FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, inscrita ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 02 de junio de 2008, bajo el N° 19, tomo 26 de.....

Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de Apelación, interpuesto por la Abogada BLANCA ZAMBRANO inscrita en el I.P.S.A., bajo el número 28.689, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, contra la decisión de fecha dieciséis (16) de Abril de dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda incoada por el ciudadano GUSTAVO EDUARDO SÁNCHEZ SISO, contra la empresa C.A. METRO DE CARACAS. TERCERO: SE CONFIRMA el fallo apelado. CUARTO: No hay condenatoria en costas conforme a lo previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Se dicta la presente Resolución mediante la cual se HOMOLOGA el Convenio de Obligación de Manutención en los mismos términos y condiciones expuestos por las partes. Se ordena que se tenga como SENTENCIA FIRME y considerándose un solo cuerpo, el acta convenio y la presente Homologación, haciendo saber a las partes que dicho acuerdo tiene FUERZA EJECUTIVA.

UNICO: IMPROCEDENTE la ampliación y aclaratoria formulada por la representación de la parte demandada.

PRIMERO: improcedente la medida preventiva de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares no. 0002-13, de fecha 17 de enero de 2013, SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.

En consecuencia, vistas las anteriores exposiciones, este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadora y los Trabajadores, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, imparte correspondiente HOMOLOGACIÓN a dicha transacción con respecto a los conceptos laborales derivados de la relación laboral.

En consecuencia, vistas las anteriores exposiciones, este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, en concordancia, con los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, imparte correspondiente HOMOLOGACIÓN dicha transacción en los términos en que fue expuesto, dándole efectos de Cosa Juzgada, en consecuencia, se da por terminado el juicio y se ordenará el archivo del expediente. Igualmente, se acuerda expedir copias certificadas de la transacción y del presente auto de homologación, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 numeral 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dejándose expresa constancia que se procederá a su certificación una vez que conste en autos los fotostatos correspondientes. Así se decide. Cúmplase lo ordenado.

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: ADMISIBLE la ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, que incoara el ciudadano JESÚS RAFAEL MUÑOZ MATUTE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro V-8.882.141, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro 43.124, actuando en su propio nombre y en representación de sus propios derechos, contra los ciudadanos SANDRA VILLANUEVA TORRES Y LUIS EDUARDO CABEZA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las Cédulas de Identidad Números V-21.534.479 y V-23.949.649, respectivamente, por cuanto la misma no es contraria a derecho, al orden publico, a las buenas costumbres ni a alguna disposición expresa de la Ley. En consecuencia y de acuerdo a lo es.....