Al respecto, vale la pena destacar que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio conforme al cual el derecho a la defensa es inviolable, en todo estado y grado del proceso razón por la cual, mal puede pretenderse que ante un conflicto de intereses, el Juzgador adopte una determinada posición limitativa de los derechos de otros, sin que medie el procedimiento correspondiente pues ello constituye una actuación ilegítima y antijurídica que debe considerarse inexistente.

En el caso sub iudice, el supuesto de hecho planteado en sustento de la pretensión deducida, se subsume en el supuesto fáctico referido a la improponibilidad objetiva, pues lo pretendido por el actor no puede ser juzgado por el ordenamiento venezolano, toda vez, que se demanda por vía de acción merodeclarativa una pretensión cuyo efecto es de condena como lo es que se declare en primer lugar que el gasto al que hace referencia en su libelo es un gasto común y por el otro que se declare la nulidad del mismo, por la cual se hace forzoso para este Tribunal negar la admisión de la presente demanda.