Vista la diligencia de fecha dos (02) de diciembre de dos mil diez (2010), suscrita por el abogado Miguel Eduardo Romero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 110.620, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Williams Rondón Morillo, titular de la cedula de identidad Nº 12.896.297, parte querellante en la presente causa, mediante la cual se opuso a las pruebas presentadas por la parte querellada, pues a su juicio, las pruebas "(...) tienen las fechas de emisión correspondientes al cinco (05) de octubre de dos mil nueve (2009), primero (1º) de octubre de dos mil nueve (2009), catorce (14) de octubre de dos mil nueve (2009), respectivamente". Pues, alega el querellante que para "(...) la fecha acudió al mismo departamento de tesorería que emanó los cheques, lo cual constituye una contradicción, a su juicio, porque como consta cuando dichos cheques estaban vigentes todavía, porque la administración no hizo entrega a sus poderdantes de .....

En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declara: 1) COMPETENTE para conocer y decidir en primera instancia el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ejercido conjuntamente con Amparo Cautelar y subsidiariamente Medida Cautelar de Suspensión de Efectos y subsidiariamente Medida Cautelar Innominada de Suspensión de Efectos; 2) ADMITE el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad; 3) ORDENA notificar a la ciudadana Sandra Cruz Arcila, en su carácter de Tercer (3er) interesado, al Procurador General de la República, al Fiscal General de la República y al Presidente del Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales a tenor de lo establecido en el Artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la advertencia que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas se procederá dentro de los Cinco (05) días de despacho siguientes.....

Vista la Demanda de Ejecución de Fianza interpuesta conjuntamente con Medida Cautelar de Embargo, por los abogados Rafael Domínguez Mendoza, Teodoro Córdoba, Alejandro Urdaneta, Luís Cárdenas Y Guillermo Aza, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 105.112, 77.352, 138.836, 71.833 y 120.986, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO AUTÓNOMO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO MIRANDA (INFRAMIR), contra la Sociedad Mercantil SEGUROS GUAYANA, C.A.; y visto el auto de admisión de fecha veintidós (22) de julio de dos mil diez (2010), mediante el cual no se abrió el cuaderno separado de la tramitación de la Medida solicitada por cuanto no habían sido consignado los respectivos fotostatos, este Juzgado le da apertura mediante el presente auto al cuaderno de medidas, a los fines legales consiguientes

200° y 151° Vista la diligencia de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010), suscrita por el abogado Guillermo Aza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 120.986, actuando en representación de la parte recurrente, inserta al Folio veintinueve (29) del Expediente Principal, mediante la cual solicita el abocamiento en la presente demanda.; y por cuanto en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010), fue juramentado como Juez Provisorio de este Juzgado ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano José Valentín Torres Ramírez, en virtud de ser concedido el beneficio de jubilación a la ciudadana Belkis Briceño Sifontes, tomando posesión de su cargo el día trece (13) de agosto de dos mil diez (2010), se deja expresa constancia de su abocamiento al conocimiento de la presente causa. Asimismo se ordena notificar a las partes de acuerdo a lo establecido en el Artículo 78 de .....

Visto el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el abogado Greomir Ignacio Marin Yanes, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 130.801, actuando en representación propia, asistido por la abogada Dilia Duque de Arellano, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 91.768, contra el Acto Administrativo contenido en la Comunicación N° DG-272-10, de fecha 17 de Agosto de 2010 emanada de la Dirección General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, este Órgano Jurisdiccional lo ADMITE en cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 98 y 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Procédase a la citación de la Procuradora General de la República, a fin de dar contestación a la presente querella en un lapso de Quince (15) días de despacho siguientes contados a partir de la fecha e.....

Visto el auto de abocamiento dictado por este Tribunal, en fecha Siete (7) de Octubre del Dos Mil Diez (2010), y notificadas como se encuentran las partes del mismo; este Órgano Jurisdiccional ordena realizar cómputo por Secretaría a fin de determinar el lapso de evacuación de pruebas. EL JUEZ JOSÉ VALENTÍN TORRES LA SECRETARIA EGLYS FERNÁNDEZ TORRES Quien suscribe EGLYS FERNÁNDEZ, Secretaria Titular del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, CERTIFICA: Que desde el día Seis (06) de Agosto hasta el día Nueve (09) de Agosto del dos mil diez (2010), ambos inclusive, transcurrió un (01) día de despacho, correspondiente al lapso de evacuación de pruebas, y desde el día Veintinueve (29) de noviembre del dos mil diez (2010) al tres (03) de diciembre del año en curso, ambos inclusive, transcurrieron los tres (03) días de despacho previstos en el auto de abocamiento.

Vista la diligencia consignada por el abogado Nicolás Antonio Rojas Rocha, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 97.561 actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, este Tribunal Superior observa: En fecha 28 de Julio de 2010 fue juramentado como Juez Provisorio de este Juzgado por ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela el ciudadano José Valentín Torres Ramírez, en virtud de ser concedido el beneficio de jubilación a la ciudadana Belkis Briceño Sifontes, tomando posesión de su cargo el día 13 de Agosto de 2010, por lo que, a fin de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de la partes, asegurando el cumplimiento de lo consagrado en el numeral 4º del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, se deja expresa constancia de su abocamiento al conocimiento de la presente.....

Por lo que, se puede observar como el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, señala que "los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario". En razón de lo cual, la parte interesada en la verificación de un lapso, debe ser diligente en que la misma se produzca en el tiempo procesal efectivo que establezca la ley, o en solicitar antes del vencimiento de dicho lapso una prórroga del mismo, siempre y cuando el acto procesal de que se trate no se hubiese verificado por causas no imputables a la parte. Dicho esto, y resaltando que cursa al folio ciento veintitrés (123) auto de fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez (2010), mediante el cual se le negó la prueba testimonial solicitada por cuanto había precluido el lapso de evacuación de pruebas, debe este Juzgado, igualmente declarar improcedente.....