Se admitio la demanda por los tramites del juicio ordinario ordenandose la comparecencia de la parte demandada para dentro de los veinte (20) dias de despacho siguientes a la constancia en autos que de la última de las citaciones ordenadas se haga, a fin de que den contestación a la demanda.

Por recibida y vista la anterior inhibición, planteada por la Juez titular del Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, abogada Leticia Barrio Ruiz, formado por cuatro (04) folios útiles, el Tribunal le da entrada, ordena anotarlo en los libros respectivos, correspondiéndole el Nº AP11-X-2009-000009 de la nomenclatura interna de este despacho; y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado dentro de los tres días de despacho siguientes a la presente fecha, dictará el fallo correspondiente.

El Tribunal le da entrada al expediente proveniente del Juzgado Décimo Octavo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, fijando el 10mo. día siguiente al de hoy a los fines de dictar sentencia en la presente causa.

este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara Con Lugar la solicitud de conversión de Separación de Cuerpos en DIVORCIO, presentada por los ciudadanos Jorge Alberto Sgarbosa Canedo y Lisbeth Carolina Vera Vivas, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad Nros 8.045.267 y 12.633.423 respectivamente y como consecuencia de ello DISUELTO el vínculo matrimonial que contrajeron el día 03 de mayo de 2003, ante la Primera Autoridad Civil del la Parroquia La Concordia, del Municipio San Cristóbal del estado Táchira, acto que se encuentra asentado en el Acta Nº 115, de los libros de matrimonios llevados por esa Oficina del año 2003.-

Se declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil. Con relación a la devolución de los originales requeridos por el abogado Francisco José Gil Herrera, el Tribunal niega lo solicitado por cuanto en autos no consta poder que acredite la representación que ostenta tener el mencionado abogado, a tenor de lo dispuesto en los artículos 136 y 150 del Código de Procedimiento Civil. Asi se establece.-

En cuanto a las pruebas promovidas por la representación judicial de la parte actora en el capitulo II, referente a las pruebas instrumentales, por no ser manifiestamente impertinentes, ni ilegales, se admiten cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva. Por último, en lo relativo a la Prueba de Informes a que se contrae el capítulo III del escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la parte actora, se admite por no ser ilegal o impertinente salvo su apreciación en la definitiva. En consecuencia, se ordena oficiar al Instituto Nacional de Estadística (INE), a los fines de que informe a este Juzgado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el cierre del año 2008, y cualquier otra información relativa donde se evidencie el cálculo para el Índice Inflacionario del año 2008

Ahora bien, al examinar los requisitos de procedencia en el caso concreto, este Juzgado constata del texto del libelo presentado por la accionante, así como de los documentos acompañados el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la medida solicitada, es decir, el cumplimiento del referido fumus boni iuris, así como, decreta Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el siguiente bien inmueble: "Lote de terreno y la casa sobre el construida y tiene una superficie de noventa y ocho metros cuadrados (98 m2) situado en el lugar denominado Campo Rico, Jurisdicción del Municipio Sucre, Petare, Distrito Sucre del estado Miranda

Respecto a la prueba promovida en el capitulo I, por cuanto la misma es de la denominada merito favorable de los autos, ya que versa sobre documentos que fueron consignados a los autos, y muy especialmente en la contestación de la demandada, considera quien aquí decide que la misma no es prueba procesal específica, ni menos aún una prueba libre, que como tal requiera de promoción y mucho menos de admisión porque, si del contenido de las actas emerge algún merito favorable al promovente, el Juez en la sentencia de merito está obligado a estimarla. Por tal motivo, admite la promoción cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación o no en la sentencia definitiva que recaiga en el presente juicio.

Se admitio la demanda por los tramites del juicio ordinario ordenandose la comparecencia de la parte demandada para dentro de los veinte (20) dias de despacho siguientes a la constancia en autos que de la última de las citaciones ordenadas se haga, a fin de que den contestación a la demanda.