declara INADMISIBLE POR CADUCA, la querella interpuesta por la ciudadana SANTA ENEIDA MILLÁN, portadora de la cédula de identidad Nro. 5.901.454, asistida por el abogado José del carmen Blanco, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 26.495, mediante la cual solicita la reposición de su prima de titularidad que le fue despojada en fecha 25 de octubre de 2011, al Gobierno del Distrito Capital.

Se declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la abogada Keila Madero S., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 121.920, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MÓNICA LISSETTE CUARTAS BRITO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 13.494.921, contra el Acto Administrativo contenido en la Decisión Nro. 558, de fecha once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009), emanado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, y notificado en fecha doce (12) de marzo de dos mil diez (2010), mediante Oficio Nro. 0773, por medio del cual se ratificó la Decisión Nro. 0200, dictada por el Consejo Disciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil nueve (2009), y notificada mediante Memorando Nro. 9700-006-1169, de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil nueve (2009), a través de la cual se aco.....

SE ADMITIERON PRUEBAS.

En merito de lo anterior, éste Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1. SE NIEGA la Medida Cautelar de Secuestro solicitada por la parte demandante.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, presentado por la abogada JENNIFER VILARIÑO, inscrita en el Inpreabogado 98.475, actuando en su cararacter de apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), de la demanda por cumplimiento de contrato interpuesta contra la "ASOCIACIÓN COOPERATIVA HERMANOS Y ASOCIADOS H P 123".-

Visto el escrito de pruebas presentado por la abogada YUDITH MONTIEL HERNÁNDEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 117.048, actuando en su carácter de apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), en la Demanda interpuesta contra el ciudadano GABRIEL ARCÁNGEL VARGAS ANDRADE, titular de la cédula de identidad Nº V-4.830.981, este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la admisión de las mismas en los siguientes términos:

Se declara: PRIMERO: PROCEDENTE la medida de embargo de bienes muebles solicitada en la demanda por ejecución de fianza interpuesta por los abogados los abogados RAFAEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ MENDOZA, ALEJANDRO URDANETA, LUÍS LEONARDO CÁRDENAS y GUILLERMO AZA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 105.112, 138.836, 71.833 y 120.986, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO AUTÓNOMO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO MIRANDA (INFRAMIR), creado conforme a la Ley de Creación de INFRAMIR, publicada en Gaceta Oficial del Estado Miranda, signada con el Nº Extraordinario, de fecha 21 de diciembre de 2001, contra la sociedad mercantil UNIVERSAL DE SEGUROS. C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, bajo el Nº 07, Tomo 14-A-Pro, en fecha 18 de agosto de 1992, cuya última modificación en su acta constitutiva estatutaria consta de asiento inscrito en el mismo Registro Mercantil, en f.....

(...) DECLARA: SIN LUGAR la demanda que por motivo de COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES intentara la ciudadana ELSY JAZMIN GOMEZ VELASQUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 10.378.653, en contra del BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., sociedad mercantil inscrita ante el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha quince (15) de enero de 1938, bajo el N° 30, cuya última modificación estatutaria quedó inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha cinco (05) de junio de 2001, bajo el N° 49, Tomo 38-A-Cto. No hay condenatoria en costas, conforme los lineamientos dictados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 172, de fecha dieciocho (18) de febrero de 2004. Se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República de conformidad.....

Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: Con lugar la defensa de prescripción opuesta por la demandada. Segundo: Sin lugar la demanda por cobro de diferencias de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoada por el ciudadano Félix Rogelio Reverón Mendoza contra la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda, partes suficientemente identificadas a los autos. Tercero: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Cuarto: Se ordena notificar a la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda, así como al Sindico Procurador del Municipio Sucre del Estado Miranda, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en el entendido qu.....

declara PRIMERO: LA FALTA DE JURISDICCIÓN PARA CONOCER EL PRESENTE ASUNTO, correspondiendo su conocimiento a la Administración Pública, que en el presente caso está conformada por el FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (antes FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA FOGADE). SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo no hay expresa condenatoria en costas. TERCERO: Se ordena la remisión por consulta obligatoria a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil.