Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, de conformidad con el artículo 26 Constitucional; 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta: PRIMERO: MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE PROTECCIÓN A LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLA, en el asentamiento campesino Bucarito-Las Margaritas, Parroquia Altagracia de la Montaña, Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, que realiza la Sociedad Mercantil AGROSEMBRA2, C.A, hasta tanto cesen los actos y acciones que constituyan o representen riesgo para la continuación de la obra. SEGUNDO: La presente medida tiene una vigencia de seis (6) meses, contados a partir de la presente fecha, prorrogables por igual o mayor período, previa solicitud de las partes. TERCERO: Como medida compl.....

Único: se DECLARA INCOMPETENTE para conocer de la presente causa en razón de la materia. En consecuencia, se DECLINA la competencia para conocer de la presente causa a los TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a cuyo juzgado distribuidor de turno se deberá remitir el expediente que contiene las presentes actuaciones, una vez conste el vencimiento de cinco (5) días de despacho para la interposición del recurso especial de regulación de competencia, caso que haya lugar. Líbrese oficio. Publíquese y regístrese.

Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: Con lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoado por la ciudadana María Renna Marota contra la Fundación Misión Sucre, por lo que se ordena a esta última a reenganchar a dicha demandante a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones en que se encontraba antes de su despido ilegal, es decir al cargo de Coordinadora de Área y cancelarle los salarios caídos sobre la base del salario básico mensual de Cinco Mil Ciento Tres Bolívares Fuertes sin céntimos (Bsf. 5.103,00), desde la fecha de notificación de la demanda hasta la fecha de su efectiva reincorporación, más los aumentos legales (Decretos del Ejecutivo Nacional), contractuales o convencionales que pudiera .....

Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: La reposición de la presente solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana Ibermara Villarta Quijada contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, al estado que el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial, fije la oportunidad para que tenga lugar la prolongación de la audiencia preliminar. Segundo: Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas. Tercero: Se ordena notificar de la presente decisión a la Procuraduría General de la República, de conformidad con el artículo 86 del Decreto con Rango, .....

Este Tribunal dicta Auto para mejor proveer a tenor de lo previsto en el artículo 514 y 15 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de requerir al Organismo querellado, la consignación expediente administrativo que guarda relación con la presente causa, así como el Decreto de Liquidación del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) e informe a este Juzgado quienes conforman la Junta Liquidadora del mismo. En consecuencia se ordena al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, notificándole del contenido del presente auto y concediéndole un lapso de diez (10) días de despacho

Este Tribunal acuerda la Ejecución Forzosa de la sentencia dictada por este juzgado en fecha 16 de Abril de 2009, y confirmada por la Corte Segunda en lo Contencioso y Administrativo en fecha 05 de noviembre de 2009, en la cual se ordenó la Reincorporación de la ciudadana Tibisay del Carmen Tivola Aldana al cargo de Jefa de Departamento, adscrita a la Dirección de Adquisición ¿ Departamento de Proyectos y Compras, o a otro cargo de igual o superior jerarquía y remuneración para el cual cumpla con requisitos, con el pago de los sueldos dejados de percibir y con las respectivas variaciones que el mismo haya experimentado, desde la fecha de su ilegal retiro hasta su total y efectiva reincorporación, para que una vez efectuada se ordene la experticia complementaria del fallo, que arrojará un monto específico, el cual deberá ser incluido en el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2011, de conformidad con lo establecido en el Artículo 88 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la.....

Visto el escrito recursivo presentado en fecha 11 de agosto de 2010, por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad, interpuesto por la ciudadana Addyana Abdala, titular de la cedula de identidad Nº V-12.055.472, debidamente asistida por el abogado Pablo E. Briceño Zabala, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 77.765 contra el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Recibido en este Tribunal el 12 de agosto del año en curso, previa distribución; se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el articulo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, sin entrar a conocer las causales de inadmisibilidad contenidas en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

Revisadas las actas procesales que componen la presente causa, el Tribunal no constató que la parte querellada, a saber, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, hubiere remitido a este Órgano Jurisdiccional el expediente administrativo que guarda relación con la presente causa, le cual le fue solicitado en la oportunidad procesal en que fue admitido el presente recurso a tenor de lo previsto en el articulo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, instrumento éste necesario a los fines de emitir pronunciamiento de fondo, motivo por el cual este Órgano Jurisdiccional dicta el presente auto para mejor proveer a tenor de lo previsto en el artículo 514 y 15 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de requerir al Organismo querellado, dicho expediente en original o copia certificada.

Visto el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial incoado por la ciudadana Seijas Luna Olga Coromoto, titular de la Cédula de Identidad N° V ¿ 4.580.527 debidamente asistida del Abogado Wilmer R. Partidas R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el N° 39.279 en contra del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), y por cuanto no consta en autos copia certificada del Expediente Administrativo, Este Tribunal dicta Auto para mejor proveer a tenor de lo previsto en el artículo 514 y 15 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de requerir al Organismo querellado, la consignación expediente administrativo que guarda relación con la presente causa, así como el Decreto de Liquidación del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) e informe a este Juzgado quienes conforman la Junta Liquidadora del mismo.

Vista el escrito recursivo presentado en fecha 11 de Agosto de 2010, por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Noveno Contencioso Administrativo de la Región Capital, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por la profesional del derecho Janet Gil, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nº 80025, asistiendo a la Ciudadana Isabel Cristina Febres cedula de Identidad Nº 5.222.959, contra la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromo (I.N.H), recibido en este Tribunal en fecha 12 de agosto de 2010; previa distribución quedando asignado bajo el numero de expediente 2010/1199, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el articulo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por no estar incurso en las causales de inadmisibilidad contenidas en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia