Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana CAMELIA FERNÁNDEZ, en su carácter de Defensora Pública Décima Segunda (12°) de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente, toda vez que la decisión dictada en fecha 06 de Julio de 2010, por el Juzgado de Primera Instancia en función de Control N° 5 de esta misma Sección y Circuito Judicial Penal, se encuentra debidamente motivada en base a los presupuestos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: declara sin lugar el planteamiento efectuado por el Ministerio Público, relativo a la inadmisibilidad del recurso. SEGUNDO: admite a trámite el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana CAMELIA FERNÁNDEZ, Defensora Pública Nº 12 de Adolescentes, y su procedencia será resuelta dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación de este auto, tal como lo establece el artículo 450 del tercer aparte del Código Orgánico Procesal Penal

Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana SHEILA PESTANA, Defensora Pública Séptima de Adolescentes, en contra de la decisión dictada en fecha 18 de junio de 2010, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en función de Control de esta misma Sección y Circuito Judicial Penal, ordenándose al mencionado Juzgado, que conoce de la presente causa, la fijación de la audiencia prevista en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal.