De conformidad con lo previsto en los artículos 263 al 266 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación supletoria según lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal HOMOLOGA dicho DESISTIMIENTO, todo ello con motivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la sociedad mercantil CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. contra la certificación médico ocupacional identificada con el No. 0153-11 emitida por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) Miranda del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral en fecha 10 de agosto de 2011 cuyo beneficiario es el ciudadano Luis Alberto Labrador Ramírez. Una vez firme la presente decisión, se dará por terminada la causa, ordenándose su cierre informático y archivo definitivo. Así se establece.-

Por las razones de hecho y de derecho precedentes, este Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: DESISTIDA la apelación interpuesta en fecha 03 de octubre de 2013 por el abogado GUSTAVO BRANDO, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, contra la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 26 de septiembre de 2013, con motivo del juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoara el ciudadano CARLOS ALEXIS VELANDRIA CORDIDO en contra de la sociedad mercantil SETRABANCA, C.A. SEGUNDO: Se condena en costas a la recurrente conforme el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

De una revisión de la transacción, se constata que las partes han manifestado actuar de mutuo acuerdo, que la transacción consta por escrito, que versa sobre derechos litigiosos o discutidos, que contiene una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y de los derechos en ella comprendidos, que el monto de la primera experticia que fue impugnada arrojó la cantidad de Bs. 82.544.05; que la sentencia objeto de apelación por la parte actora con ocasión a la impugnación de la experticia determinó como monto a pagar la cantidad de Bs. 67.900,00 y que la controversia en alzada estaba referida a la sentencia que declaró con lugar la impugnación, es decir, sobre la cuantificación de la condena, no obstante, condenó un monto inferior al arrojado en el primero de los informes periciales; que el pago transaccional acordado es de Bs. 75.222,02, fue ampliamente discutido por las partes en la conciliación, que esa cantidad no merma derechos irrenunciables y comprende el pago de los concep.....