Lo anterior encuentra su fundamento en la teoría del órgano, que explica cómo las personas jurídicas actúan a través de sus órganos societarios, independientemente de las personas naturales que funjan como titulares de éstos y manifiesten su voluntad. Así las cosas, este Tribunal desestima la impugnación antes referidas. Así se decide. En relación a la Impugnación del anexo marcado "B" de fecha 11 de octubre de 2017, este Juzgado se pronunciará acerca de la citada impugnación en la sentencia definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD incoara la ciudadana JASMIN BEATRIZ MELENDEZ ROMERO contra el ciudadano RAMON ENRIQUE ARIAS DAVILA, ampliamente identificados al inicio, DECLARA: SE NIEGA por IMPROCEDENTE la solicitud efectuada por la parte actora respecto a que se decrete Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el inmueble constituido por un apartamento distinguido con la letra Nº A-3-A situado en el piso 3, del edificio "Residencias El turpial", Torre "A", ubicado en la Urbanización Bello Monte, Jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda.

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Luis Betancourt Zurita, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 71.647, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano KERMAN ANDERSON MACHADO MOGOLLÓN, titular de la cédula de identidad Nro. V- 18.817.347, contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (CICPC). 2. INADMISIBLE POR CADUCO el presente recurso contencioso administrativo funcionarial.

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: COMPETENTE para conocer el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano JOHN ROBERT ARRIECHI ARANGUREN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.817.460, asistido por el abogado EDIXSON ANTONIO MONTERO HERNANDEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 226.403, contra el Acto Administrativo de efectos particulares dictado mediante Resolución N° 2231 de fecha doce (12) de diciembre de 2016, provenida del Departamento de Operaciones de Coordinación de Transporte de la Dirección de Seguridad Integral del Ministerio Público. Segundo: ADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia: • Se ordena la CITACIÓN mediante of.....

A los fines evacuación de la prueba de Informes promovida por la apoderada judicial de la parte querellante, se ordena oficiar, al SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN), en su condición de "QUERELLANDO", a los fines que informe y remita todas las actuaciones recibidas por esa institución, relativas a [su] decisión de renunciar voluntariamente a la institución, contenidas en el expediente de personal respectivo; SINDO pertinente y necesario para dar verosimilitud a [sus] alegatos", para que por medio del órgano al cual competa informe o en su defecto remita a este Juzgado dentro del lapso de los cinco (5) días de despacho siguientes a su notificación, copia de lo señalado por la representación judicial de la parte querellante en su escrito de pruebas y escrito libelar, del cual se le remitirá copia debidamente certificada con inserción del presente auto, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese oficio. Cúmplase.

.-Se dictó y publicó Sentencia Definitiva, mediante la cual se declaró CON LUGAR la solicitud de Divorcio fundamentada en el mutuo consentimiento, formulada por los ciudadanos CARMEN LUISA DAVILA BARRIOS y ANDERSON ORULA CARDENAS TOVAR, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-15.842.794 y V-17.159.041, respectivamente. Asimismo, se ordenó librar los oficios a las autoridades respectivas.-

.-Se dictó y público Sentencia Definitiva mediante la cual, se declaró con lugar el Divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil, formulada por los ciudadanos JESUS TEODORO HERNANDEZ y MARISOL PERALTA DE HERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad números V-6.123.587 y V-5.864.403, respectivamente. Asimismo, se ordenó librar los oficios a las autoridades respectivas.-

Por las razones antes expuestas, éste Juzgado Décimo (10º) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de divorcio realizada por los ciudadanos JOSÉ ANTONIO GIL GIL y PURIFICACIÓN RAMÍREZ DE GIL, ambos identificados al inicio de éste fallo. En consecuencia se declara DISUELTO el vínculo matrimonial que los une, contraído por ellos el día 24 de octubre de 1974, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Santa Rosalía, Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, cuya acta quedó inserta bajo el Acta Nº 548, de fecha 24 de octubre de 1974, del Libro de Registro Civil de Matrimonios del año 1974. Se ordena remitir juego de copia certificada de la presente decisión a la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Santa Rosalía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Ca.....

por lo que este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, por los conceptos y montos desglosados.

Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentes expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la presente demanda de rendición de cuentas incoada por el ciudadano JOSÉ MARÍA PUERTA MARTÍNEZ, contra la ciudadana GLADYS GIL CAMPOS.