II De las Pruebas promovidas por la parte recurrida En el Capitulo I de su escrito probatorio la parte recurrida invoca el principio de la comunidad de la prueba y en virtud de ello, reproduce el mérito favorable de los autos, ratificando los fundamentos expresados en su escrito de contestación, así como lo correspondiente al expediente administrativo del ciudadano Luís Enrique Cuárez. Este Juzgado al respecto señala, que tal promoción no constituyen per se medio de prueba alguno, sino que está dirigida a la apreciación del principio de la comunidad de la prueba y a la invocación del principio de la exhaustividad previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil ya que el Juez está obligado de conformidad con lo establecido en la precitada norma, a analizar y juzgar todas cuantas pruebas hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, por lo que su valoración será realizada en la definitiva. Así se decide. Con r.....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por los abogados Joaquin Diaz-Cañabate B., Joaquin Diaz-Cañabate S. y Cecilia A. Villegas, Inpreabogado Nros. 80, 33.440 y 87.150, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos CARLOS ANDRES LOPEZ GALLEGO y ARAMITH QUINTERO, titulares de la cédula de identidad Nros. 14.743.623 y 15.832.719, respectivamente, contra el Acto Administrativo, sin fecha, identificado con el expediente Nº DGG-060-R-2013, dictado por la Ingeniero Oliana Rodríguez, en su carácter de Directora General de Gestión adscrita al Despacho de la Viceministro de Infraestructura de Vivienda y Hábitat, mediante el cual, avala la rescisión unilateral de contrato de opción de compra-venta celebrado.....

A través de SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Tribunal declaró la improcedencia en derecho de tramitar INSPECCIÓN JUDICIAL, peticionada por los abogados JANETH COROMOTO DIAZ MALDONADO y LISBETH REBECA MORET SOTO, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 72.062 y 36.157, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ALEIDA MARIA ARNEDO ARANZA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-24.885.296, en los términos solicitados.

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES dándole efectos de la Cosa Juzgada. Asimismo, se ordena el archivo del presente expediente. Se ordena la devolución de las pruebas presentadas al inicio de la audiencia. El Juez

DISPOSITIVA En razón de lo expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE conforme al artículo 439 ordinal 6° del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luís Eduardo Torres, actuando en representación del ciudadano José Agostihno De Freites Melin, en contra de la decisión de fecha 18 de mayo de 2015, dictada por el Juzgado Séptimo (07º) de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual negó la solicitud de la defensa, de decretar como cumplida la pena que se le impuso de Un (01) año y Nueve (09) meses de prisión al referido penado de autos. SEGUNDO: Se deja constancia que el Ministerio Público presentó escrito de contestación dentro del.....

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: - PRIMERO: Que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda por cumplimiento de contrato en la demanda de contenido patrimonial interpuesta conjuntamente con medida cautelar de embargo por las abogadas María Gabriela Cárdenas Núñez, Reinelsy González Gutiérrez, Pedymar García Rodríguez, Alexandra Endres Lozada y Carolina Otto Camacaro, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 117.496, 120.882, 134.752, 171.515 y 164.182 respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, contra la sociedad mercantil CLC INVERSIONES, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y E.....

Vistos los escritos de promoción de pruebas presentados por el abogado Juan Pérez Aparicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 18.283, actuando como apoderado judicial de ELSY SOLBELLA MOLINA DE GONCALVES y VIRGILIO GONCALVES DE BRITO, titulares de las cédulas de identidad números V-6.137.426 y V-11.740.798 respectivamente (parte recurrente), en fecha 04 de junio de 2015; por el abogado Enrique Mendoza Santos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 47.326, actuando como apoderado judicial de Gladis Marín Quilarte, Argelia Marín Quilarte y Enrique Marín Quilarte (Terceros interesados) en fecha 04 de junio de 2015, contenidos en el expediente Nº. 07531, en la causa intentada contra el MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, pasa este Juzgado Superior a pronunciarse sobre la admisibilidad de las mismas en los términos siguientes

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jairo Enrique Añez Oropeza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 33.991, actuando en su carácter de apoderado judicial del accionante en tercería, contra el auto dictado en fecha 17 de noviembre de 2014 por el Tribunal Vigésimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que admitió la demanda que por tercería sigue el ciudadano OMAR NASSEREDDINE contra la sociedad mercantil REAL HABITAT C.A. y el ciudadano WALID KHAMIS, y exigió fianza o caución al accionante, a los fines de suspender la sentencia que dictara el a quo en fech.....