Se dictó sentencia interlocutoria mediante el cual se decretó MEDIDA DE SECUESTRO sobre los bienes muebles que pertenecen al de cujus Paul de Rio Canales, padre de las accionantes en la presente demanda. Se ordenó oficiar a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas de esta Circunscripción Judicial. Se designó depositaria Judicial a las demandantes y/o a su apoderado Judicial. No hubo condenatoria en costas.

Este Tribunal sin perjuicio de terceros de igual o mejor derecho, y conforme con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, declara TITULO SUPLETORIO sobre las bienhechurías a que se contrae la presente solicitud, a favor de los ciudadanos HENRY ALBERTO MARCANO VASQUEZ y DEISY CAROLINA BLANCO MATHEUS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-11.313.729 y V-13.548.448, respectivamente. Así se decide.-

éste Tribunal imparte su correspondiente HOMOLOGACIÓN en los términos expuestos, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Ingrésese el presente fallo en la página oficial del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con el artículo 3 de la Resolución Nº 2016-0021, de fecha 14 de diciembre de 2016; emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, se ordena desglosar los documentos solicitados y devolverlos a la interesada, los cuales corren insertos a los folios 04 y 05, ambos inclusive, del expediente, previa su certificación en autos, ello conforme a lo establecido en los artículos 111 y 112 ejusdem.

Este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL CONVENIMIENTO en los mismos términos explanados en el escrito presentado en fecha 20 de noviembre de 2017, por las ciudadanas Dilcia Elena Quevedo Núñez y Verónica Elena Cubek Quevedo, por conducto de su apoderado judicial, abogado Virgilio Adolfo Fernandez, a favor de Banesco Banco Universal, C.A, ampliamente identificados, conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, teniéndose como consecuencia en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO incoara MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra el ciudadano ARTURO JOSÉ CABRERA MENDOZA, ampliamente identificados al inicio de esta decisión, DECLARA: PRIMERO: Se NIEGA DAR POR CONSUMADO EL DESISTIMIENTO efectuado por el abogado ASDRUBAL GARCÍA SANABRIA, por no constar en autos la autorización por escrito del Representante Judicial o Representante Judicial Suplente Expresa, o de cualquier otra instancia u órgano, conforme a los Estatutos del Banco accionante, que faculte al mencionado abogado para que desista en nombre de la parte actora SEGUNDO: Se declara la extinción de la obligación de conformidad con lo establecido en el artículo 1283 del Código Civil

Se dictó sentencia interlocutoria mediante el cual se HOMOLOGÓ el DESISTIMIENTO del procedimiento, efectuado por la parte actora, en el juicio que por cobro de bolívares sigue BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, contra La Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA MHC, C.A., y los ciudadanos DIANA ALEXANDRA CACERES CASTAÑEDA y ORLANDO HEREDIA MEDINA, (plenamente identificados en el encabezamiento de esta decisión), en los términos contenidos en el mismo.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano OSCAR GUILLEN PEÑA , titular de la cédula de identidad N° 7.723.039, contra el acto administrativo de destitución, contenido en el Oficio N° SNAT-2016-E-005695 de fecha 31 de octubre de 2016, emanado del SERVICIO INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), en consecuencia: PRIMERO: Se declara la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio N° SNAT-2016-E-005695 de fecha 31 de octubre de 2016, emanado del SERVICIO INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), contentivo de la destitución del ciudadano OSCAR GUILLEN PEÑA, plenamente identificado en el presente fallo, del cargo de "Profesional Aduanero y Tributario Grado 12".....

En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana GABRIELA CASTRO DEL PINO, titular de la cédula de identidad N° 16.857.668, debidamente asistida por las abogadas LAURA CAPECCHI y LUISA GIOCONDA YASELLI P., inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros 32.535 y 18.205, respectivamente, contra la nulidad del descuento de su sueldo en una cantidad de sesenta y seis por ciento (66%) deducidos por el INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA MUNICIPAL adscrito a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. En consecuencia: PRIMERO: SE DECRETA la nulidad del descuento realizado por el INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA MUNICIPAL adscrito a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA,.....

En virtud de lo antes expuesto, esta Juridiscente considera que los Oficios supra señalados, consignados por la parte querellada sólo demuestran que el querellante fue reincorporado, mas no, que se realizaron las gestiones reubicatorias, de conformidad con el artículo 84 y siguiente del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa; ni el pago ordenado en la referida sentencia. Siendo ello así, quien suscribe niega la solicitud, en virtud de no constar en autos todo lo ordenado en la referida sentencia, en consecuencia, se ordena librar Oficio dirigido al MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS, parte querellada, a los fines que consigne la documentación necesaria que de cumplimiento a la sentencia dictada por la señalada Corte, y una vez conste en autos dicha notificación, el tribunal por auto expreso se pronunciará sobre la solicitud de cierre

IV DISPOSITIVA Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara admisible el recurso de apelación interpuesto por la abogada Kellys Pérez García, Defensora Pública Segunda (02º) de Responsabilidad Penal de Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, actuando en representación del adolescente (identidad omitida), contra la decisión dictada en fecha 08 de septiembre de 2017, por el Juzgado Sexto (06º) de Primera Instancia en Función de Control de esta misma Sección y Circuito Judicial Penal. SEGUNDO: Admitido el recurso se resolverá dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, de conformidad con lo establecido en el tercer aparte del artículo 442, del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión del artículo 613 Ejusdem. Regístrese, notifíq.....