declara SIN LUGAR el presente recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana Luisa de Hernández, portadora de la cédula de identidad Nro. 1.376.350, actuando en su carácter de Secretaria General de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), asistida por el abogado José Pilar Botomo, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 16.329, contra la Providencia Administrativa N° 2006-0020 del 30 de agosto de 2006, dictada por la Dirección de Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Público.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por los abogados Alexander Gallardo Pérez y Oscar Guilarte Hernández actuando como apoderados judiciales de la ciudadana JENNY TIBISAY VARGUILLAS CEDEÑO contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN). SEGUNDO: Se declara la nulidad de los actos de remoción y posterior retiro que afectaron a la actora, en consecuencia, se ordena a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras reincorporarla al cargo de Consultor/Especialista Integral de Administración y Finanzas adscrita a la Gerencia de Administración y Finanzas de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras o a otro de igual jerarquía y remune.....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la querella interpuesta por la ciudadana YORAXY JOSÉ SALAZAR DE SÁNCHEZ, asistida por el abogado Germán García Limonta contra la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION). SEGUNDO: Se ordena al Organismo querellado pagarle a la actora los intereses moratorios causados por retardo en el pago de prestaciones sociales, desde el 01 de octubre de 2003 inclusive, hasta el 08 de octubre de 2007 exclusive, lo cual debe hacerse sin capitalizarlos. TERCERO: A los fines de determinar con toda precisión el monto a pagar a la actora, se ordena practicar experticia complementaria del fallo, en la cual se determinará el monto de los intereses de mora causados sin cap.....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la querella interpuesta por el abogado Gabriel Jesús Espinoza García, actuando como apoderado judicial de la ciudadana ANA DORALISA VIVAS DE FINEO, contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS.

El Tribunal observa que desde la fecha de la última actuación cumplida hasta la fecha del presente auto, ha transcurrido un lapso superior a un (1) año, sin que se hubiera realizado actuación alguna que tienda a la prosecución del proceso, por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA, en consecuencia archívese el expediente sustanciado en sede jurisdiccional.-

D E C I S I Ó N Por las motivaciones que anteceden, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por la abogada LILIANA NÚÑEZ DE OVIEDO, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.882.916, e inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 32.537, actuando en su carácter de Co-apoderada judicial de la ciudadana LUCIA YELITZA MONCADA GUILLEN, Venezolana, mayor de edad, de éste domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 8.933.570, interpuso querella funcionarial contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO BOLÍVAR (IUTEB)., ambos identificados al comienzo de este fallo.

Primero: Declara su competencia para conocer, sustanciar y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida de suspensión de efectos, por los abogados Cristóbal Blanco- Uribe y Alexandro Marín, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 2.981 y 119.095, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Octavio Carmen Longo Santucci y Giovanni Laveglia Addario, titulares de las cédulas de identidad Nº 6.964.991 y 6.018.519, en el mismo orden; contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 000023 de fecha 8 de agosto de 2007, emanada de la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía del Municipio Libertador. Segundo: Admite el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, quedando a salvo la posibilidad de revisar si, sobrevenidamente, se configura alguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la ley que rige la materia. Tercero: Acuerda la medida cautelar de suspensión de efectos.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, efectuado por el abogado CARLOS GODOY LANDAETA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 35.4602, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil ELECTRICIDAD DE CARACAS C.A, inscrita en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Distrito Federal, en fecha 29 de noviembre de 1895, bajo el Nº 41, del recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 290/07, de fecha 28 de marzo de 2007, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador.

CON LUGAR la inhibición

Ante la presunta pérdida del interés procesal por parte de la parte actora, y la falta de recaudos que impide a este juzgador revisar sobre la admisibilidad de la demanda, por aplicación analógica del artículo 19, numeral 5º de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, debe declararse TERMINADO este procedimiento, por falta de uno de los requisitos exigidos para tramitarlo y así se decide.