En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la demanda incoada por la Sociedad Mercantil INVERSIONES CARSIX, C.A en contra de la Empresa SPORTIV INC, ambas partes suficientemente identificadas en el encabezamiento de esta sentencia. En consecuencia, se DECLARA EXTINGUIDA por efectos de la prescripción del crédito que garantizaba, la HIPOTECA CONVENCIONAL DE PRIMER GRADO, que consta en documento protocolizado en el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 30 DE JUNIO DE 1995, bajo el Nº 42, Tomo 52, Protocolo Primero, constituida sobre el apartamento distinguido con el numero 7D del piso 7, en el Edificio "Ocamo" ubicado en el parcelamiento Brisas del Prado, Calle Brisas del Prado, en jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda, cuyos linderos particulares, medidas y demás especificaciones constan en .....

Visto el escrito que encabeza las presentes actuaciones, la documentación acompañada y las justificaciones evacuadas al efecto, este Tribunal sin perjuicio de terceros de igual o mejor derecho, y de conformidad con lo previsto en el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil Declara ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, a favor de la ciudadanos THAIS EILIEN FAURE DE GONZALEZ, ORLANDO JOSE GREGORIO GONZALEZ FAURE, GUSTAVO ANDRES GONZALEZ FAURE, ORLENDY YURIBAI GONZALEZ FAURE y ALEXANDER GREGORIO GONZALEZ ESCALONA venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad V-5.414.249, V-16.681.050, V-19.510.131, V-17.907.812 y V-16.430.906 respectivamente, causahabientes del de-cujus SANTOS ORLANDO GONZALEZ ALVARADO, quien en vida fuera titular de la cédula de identidad Nº V-4.362.960, fallecido Ab-Intestato, en fecha dos (02) de Diciembre del 2014, en el Municipio Libertador del Distrito Capital. Devuélvanse las presentes actuaciones a la parte interesada a lo.....

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara CON LUGAR la demanda incoada por la Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., en contra de la Sociedad Mercantil PUBLICIDAD PUBLIANUNCIANTE & PUBLIBARRAS C.A., y del ciudadano FREDDY FIDEL FERNANDEZ NAVA, en su condición de fiador solidario y principal pagador, ambas partes suficientemente identificadas en el encabezamiento de esta sentencia. En consecuencia, se condena a parte demandada a: 1. Cancelar a la parte actora las siguientes cantidades: a) CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE BOLIVARES FUERTES CON CUATRO CENTIMOS (Bs.F 124.767,04) por concepto del saldo del capital entregado en préstamo aún sin cancelar; b) CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs.F 121.938,99) por concepto de intereses convencionales calculados a una tasa de 24%.....

En fundamento a lo anteriormente expuesto este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA SIN LUGAR, la Cuestión Previa opuesta por la parte demandada, contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por haberse hecho la acumulación prohibida en el articulo 78 . Se condena en las costas de la incidencia a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida en la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil,.

Ahora bien, vistas las presentes actuaciones que conforman el presente expediente el Tribunal observa que, la última actuación que consta en autos es de fecha 13 de Mayo de 2011, relativa al auto por medio del cual se ordenó la suspensión del presente procedimiento a tenor de lo dispuesto en el articulo 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerzas de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en el artículo 5 y siguientes de ese Decreto-Ley, no constando a los autos del presente ninguna otra actuación que le diera impulso a tal actividad, lo cual representa una evidente inercia procesal de aproximadamente cuatro año y cinco meses, resultando obvio el transcurso de un tiempo mayor que el requerido para las perenciones. Esta inactividad procesal imputable a la parte actora se encuentra sancionada en nuestra legislación con la perención de la instancia cuyo efecto se circunscribe a dar .....