DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Primero: SE ADMITEN las pruebas documentales contenidas en el Capítulo intitulado "DOCUMENTALES", del escrito de promoción de pruebas presentado por la parte actora, conforme a la motiva de la presente providencia Segundo: SE ADMITEN las pruebas de informes contenidas en el Capítulo intitulado "PRUEBA DE INFORMES", del escrito de promoción de pruebas presentado por la parte actora, conforme a la motiva de la presente providencia.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Primero: SE ADMITEN las pruebas documentales contenidas en el Capítulo I, del escrito de promoción de pruebas presentado por la parte actora, conforme a la motiva de la presente providencia Segundo: SE DESESTIMA la promoción de las pruebas documentales relacionadas con el expediente administrativo del actor, conforme a la motiva de la presente providencia.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por la ciudadana YEIMMY NAVARRO DELGADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 14.446.515, contra la Resolución No. 679, de fecha 07 de mayo de 2015, suscrita por la ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, en su carácter de Fiscal General de la República, mediante la cual fue removida y retirada del citado organismo. En consecuencia: PRIMERO: Se ANULA el acto administrativo contenido en la Resolución No. 679, de fecha 07 de mayo de 2015, suscrita por la ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, en su carácter de Fiscal General de la República. SEGUNDO: Se ORDENA la reincorporación del querellante al cargo que venía desempeñando antes de s.....

PRIMERO: SIN LUGAR la recusación interpuesta por el ciudadano ASDRUBAL GREGORIO RIVERO SANTANA en fecha 19 de febrero de 2016,actuando como representante legal de la sociedad mercantil INVERSIONES DASRI, C.A., asistido por el abogado Luís Oquendo, contra el abogado CARLOS MARTÍNEZ PERAZA, en su carácter de Juez titular del Tribunal Vigésimo Octavo de Municipio y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES sigue la sociedad mercantil ADMINISTRADORA IBIZA, C.A., contra INVERSIONES DASRI, C.A., sustanciado en el expediente No. AP31-V-2015-000580 de la nomenclatura interna del referido Juzgado.

De allí que la finalidad del recurso de hecho es que el tribunal revise si la apelación oportunamente ejercida debe ser oída o no, sin entrar a conocer el fondo del asunto, ahora bien, de una lectura de las actas procesales, se puede evidenciar que el recurrente solicita sea declarada la nulidad del laudo arbitral, que es el fondo del asunto debatido, por lo que se estaría desvirtuando la naturaleza del recurso. Por lo anteriormente expuesto, resulta forzoso a este tribunal declarar improcedente el recurso de hecho ejercido

MOTIVO: CALIFICACIÓN DE DESPIDO En el día hábil de hoy 30 DE MARZO DE 2016, siendo las 10:00 AM, oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio; se deja expresa constancia de constancia de la falta de de comparecencia de la parte actora, ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno a la realización de la Audiencia Preliminar, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 152 ° y 201 °. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman:

Este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide así: PRIMERO: Se DECLARA FIRME EL DECRETO INTIMATORIO de fecha 08 de Diciembre de 2015, conforme a lo establecido en el artículo 651 de Código de Procedimiento Civil, debiendo procederse como sentencia pasada en autoridad de cosa Juzgada.

Sobre la base de las razones de hecho y de derecho arriba expuestas, este Tribunal, en uso de sus facultades legales, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: 1.- En conformidad a lo previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, se declara consumada de pleno derecho la perención de la instancia en el presente juicio. 2.- Dada la naturaleza de este fallo, no existe especial condenatoria en costas, todo ello a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre la base de las razones de hecho y de derecho arriba expuestas, este Tribunal, en uso de sus facultades legales, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: 1.- En conformidad a lo previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, se declara consumada de pleno derecho la perención de la instancia en el presente juicio. 2.- Dada la naturaleza de este fallo, no existe especial condenatoria en costas, todo ello a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró Perimida la Instancia, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.