Se dictó resolución mediante la cual se declaro PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por DAÑOS Y PERJUCIOS sigue la sociedad mercantil REALTY C.S.I (Centro San Ignacio) C.A, ante denominada INMOBILIARIA PLATINUM CARACAS C.A, contra la sociedad mercantil CORPORACIÓN C21, C.A, franquiciante de CENTURY 21 VENEZUELA y como consecuencia de ello se resuelve el contrato de renovación de franquicia suscrito entre las partes en fecha 15/07/2012, ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao del Estado Miranda, anotado bajo el No. 48, tomo 241, contrato el cual inicio en fecha 11/07/2012 hasta el 10/07/2017, ya que poseía un lapso temporal de duración cinco (05) años contados a partir de su celebración. Se declaró IMPROCEDENTE el pago de daños y perjuicios reclamados por la parte actora en los particulares sexto, séptimo y octavo del capitulo XI DEL PETITORIO de del escrito libelar. Que por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas. Se ordena la notificación de las partes.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, por aplicación del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.- No hay especial condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo dictado.-

este Juzgado ordena darle entrada y anotarla en los libros respectivos, todo ello de conformidad con la Resolución 2009-0006, de fecha 18-03-2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia y publicada en Gaceta Oficial en fecha 02-04-2009, bajo el Nº 39.152, en consecuencia la ADMITE cuanto ha lugar en derecho. Ahora bien, visto y examinados los recaudos presentados junto al escrito in comento, así como del requisito fundamental, es decir, el mutuo acuerdo, copia certificada del Acta de Matrimonio, expedida por la Primera Autoridad Civil del Municipio Baruta Distrito Sucre del Estado Miranda, de fecha 27/05/1998, este Tribunal DECLARA mediante el presente auto, LA SEPARACIÓN LEGAL DE CUERPOS de ambos cónyuges, de acuerdo a las cláusulas que conforman el escrito de solicitud, por no ser contrarias al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, y de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Código Civil, en concordancia con el artículo 7.....

Este jurisdicente haciendo suyo los criterios jurisprudenciales ut supra parcialmente transcritos, estima que en el caso que se analiza ha quedado demostrado que la representación judicial de la parte solicitante ciudadana Liliana Josefina Materán ciertamente realizó actuaciones en esta causa para impulsar el proceso, es decir, se evidenció su interés en dar continuación o impulsar el trámite, motivo por el cual no se configura el supuesto fáctico contenido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil para la declaratoria de la perención de la instancia, que es el dictamen diferido en apelación a esta Alzada, en virtud que desde que compareció el apoderado judicial de la solicitante, en fecha 4 de noviembre de 2015, exclusive hasta el día 8 de julio de 2016, fecha en la cual se dictó el fallo declarando perimida la instancia, no transcurrió el lapso de un (1) año para la aplicación de la perención. Siendo ello así, se debe juzgar ha lugar la apelación ejercida por la solicitan.....

SE DICTÓ SENTENCIA INTERLOCUTORIA MENDIANTE EL CUAL ESTE TRIBUNAL DECLARÓ SIN LUGAR LA CUESTIÓN PREVIA ATINENTE AL ORDINAL 8º DEL ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, OPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA, SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES MARINOLI, C. A., IDENTIFICADA EN EL ENCABEZAMIENTO DE LA PRESENTE DECISIÓN.

Por las razones anteriores, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le otorga la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada contra la decisión definitiva emitida en fecha 28 de julio de 2015, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la referida Circunscripción Judicial, la cual queda confirmada. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRAS intentada por la representación judicial de la sociedad mercantil HUAWEI TECHNOLOGIES DE VENEZUELA, S.A., contra la empresa EUROPÉENNE INGÉNIERIE INSTALLATIONS E2i, S.A., ambas ampliamente identificadas ut retro. TERCERO: RESCINDIDO jurisdiccionalmente el contrato de obra suscrito el 29 de septiembr.....

PRIMERO: SIN LUGAR la solicitud de Regulación de Competencia formulada por la ciudadana abogada ALBA LICONTI, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante, SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO y FINES S. A. (SORGASA, S.A.). SEGUNDO: Se confirma, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 01 de diciembre de 2016. TERCERO: Competente territorial, material y funcional para conocer, sustanciar y decidir del presente juicio el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, con sede en San Fernando de Apure, con competencia territorial en los municipios Rómulo Gallegos, Muñoz y Achaguas del Estado Apure, quien deberá conocer sustanciar y decidir el presente juicio de cobro de bolívares. CUARTO: No existe condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo. QUI.....

COMPETENTE, para conocer de la demanda de DESALOJO, que sigue la sociedad mercantil INVERSORA MULTIPLICACIÓN, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, el día 30 de noviembre de 1973, anotada bajo el No. 50, Tomo 158-A-Sgdo., en contra de la sociedad mercantil CENTRO DE IDIOMAS BERLITZ DE VENEZUELA, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, el día 4 de diciembre de 1986, anotado bajo el No. 70, Tomo 25-A-Sgdo. al JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

En mérito de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por la ciudadana ROSA MARTINA RODRIGUES GONCALVES, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad Nº V- 14.874.214, asistida por el Abogado LUIS ALFREDO LEMUS SIFONTES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 144.403, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, mediante la cual solicitó el pago de prestaciones sociales derivadas de relación funcionarial, y otros conceptos. En consecuencia: PRIMERO: Se ORDENA, el pago a la querellante de la cantidad de BOLIVARES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE CON 74/100 (Bs. 84.507.74), correspondiente a la prestación de antigüedad e intereses sobre prestaciones sociales, asimismo deberá pagársele la cantidad de BOLIVARES QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y.....

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Superior Décimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, imparte la HOMOLOGACIÓN a la transacción judicial celebrada en fecha veinticinco (25) de enero del presente año, entre la abogada MARLYN Y. USECHE, actuando en su carácter de apoderada judicial de CORPOELEC S.A., antes identificada, por una parte, y por la otra, el abogado JOSÉ LUIS UGARTE MUÑOZ, actuando en su condición de apoderado judicial de SEGUROS PIRAMIDE C.A., antes identificada, en los mismos términos expuestos por las partes y, en consecuencia, procédase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo previsto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil.