Ahora bien, estando dentro de la oportunidad procesal para admitir la presente querella funcionarial conforme a lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, revisadas como han sido las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y verificados los requisitos exigidos en el artículo 33 de la indicada Ley que regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal ADMITE cuanto ha lugar en derecho la querella funcionarial ejercida por el mencionado ciudadano. En consecuencia, se ordena citar al ciudadano PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA a los fines que de contestación dentro del lapso de quince (15) días de despacho, según lo dispuesto por el primer aparte del artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; el cual comenzará a computarse una vez vencido el término de quince (15) días hábiles siguientes a que conste en autos la última de las notificaciones orde.....

IV DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ ANTONIO FLORIDO GARCÍA, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nro. 630.371, asistido por el abogado Manuel de Jesús Domínguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 41.605, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, para la homologación de su beneficio jubilatorio. En consecuencia: 1. SE ORDENA al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz proceda al ajuste de la pensión de jubilación del ciudadano José Antonio Florido García, antes identificado, con base al sueldo devengado por el.....

De allí, que tal y como lo prevee la norma objetiva, parcialmente transcrita, constituye requisito previo, el haber permanecido separados de hechos por más de cinco (5) años, para poder solicitar el divorcio fundamentado en la norma antes citada y siendo que en el presente caso los cónyuges manifestaron en su escrito de solicitud que se separaron el día 16 de junio de 2009, por lo que desde la fecha indicada de separación hasta el día 23 de marzo de 2015, fecha en que se introdujo la presente solicitud, no han transcurridos los cinco años a que hace referencia la norma antes citada, por tal razón la presente solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185-A, resulta INADMISIBLE y así se decide. EL JUEZ TITULAR ABG. CARLOS MARTINEZ PERAZA LA SECRETARIA ABG. ROSA VIRGINIA VILLAMIZAR

.-Se dictó y publicó Sentencia Definitiva mediante la cual se declaró Con Lugar la solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, presentada por la ciudadana MALYURY ANANI HERNANDEZ DE BORGES.- Se ordenó librar los oficios correspondientes a las autoridades respectivas.-

Se dictó sentencia definitiva mediante la cual se declaró CON LUGAR, la solicitud de Divorcio 185-A formulada por los ciudadanos JOSE ALEXANDER RIVAS ALONZO y ASTRID CAROLINA OLLARVES DE RIVAS, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, y titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-17.160.296 y V-18.802.023, respectivamente.-

Se dictó sentencia interlocutoria con fuerza definitiva mediante la cual se declaró la incompetencia del Tribunal, en razón del territorio.-

PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos, AMERICO DE JESUS ALMEIDA y MIRTHA CELIA PUCUTIVO MARIÑO, titulares de las cédulas de identidad números. V-9.285.239 y V-12.187.756, respectivamente. SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído por ambos, en fecha 29 de diciembre de 1995, por ante Jefatura Civil de la Parroquia La Pica del Municipio Maturín del Estado Monagas, anotado bajo el Acta Nº 28.

PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos LEONARDO ANTONIO QUEVEDO BRICEÑO y MARÍA BENILDE LEÓN SANTIAGO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números V-5.630.343 y V-6.908.698, respectivamente. SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído por ambos, ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Antimano, Departamento Libertador del Distrito Federal, (Hoy Municipio Libertador del Distrito Capital) en fecha 22 de junio de 1979, Acta Nº 82, folio 82 y Vto.

Por todos los razonamientos antes expuestos; este Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela administrando justicia y por autoridad de la ley, Declara: PRIMERO: CON LUGAR, Recurso de Apelación interpuesto por el abogado HECTOR MEDINA, apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha 22-01-2015, por el Juzgado (33º) de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE ANULA LA SENTENCIA dictada en fecha 22-01-2015 por el Juzgado Trigésimo Tercero (33) de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, y en consecuencia queda FIRME la experticia complementaria del fallo consignada en fecha 14-07-2014 por el experto contable FRANCISCO VILLEGAS. TERCERO: SE ORDENA remitir el presente expediente a la.....

En consecuencia, vistas las anteriores exposiciones y por cuanto las mismas no vulneran derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, imparte correspondiente HOMOLOGACIÓN dicha transacción en los términos en que fue expuesto como MEDIACIÓN POSITIVA de conformidad a lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los términos indicados en el referido escrito, dándole efectos de Cosa Juzgada, y enfatiza que la manifestación de voluntad expuesta en la transacción en cuestión, constituye una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, de acuerdo a sus capacidades y, que por tanto, deben cumplir las obligaciones contraídas en el acuerdo, todo de con.....