Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada por la abogada la abogada TAHIDEE COROMOTO GUEVARA GUEVARA, Inpreabogado Nº 99.059, actuando como apoderada judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., contra la Providencia Administrativa N° 099-09 dictada en fecha 11 de Marzo de 2009 por la Inspectoría del Trabajo "José Rafael Núñez Tenorio" con sede en Guatire estado Miranda, mediante la cual declaró Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano Vicente Florencio Mendoza, titular de la cédula de identidad N° 5.515.328, contra la mencionada sociedad mercantil.

IV DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la Medida de Amparo Cautelar solicitada por el ciudadano FRANKLIN JESÚS PEÑA MARQUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-16.594.908, asistido por el Abogado Ramón José Gregorio Colmenares Salas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 136.936, contra la decisión Nro. 082-10, de fecha 18 de octubre de 2010, suscrita por los miembros del Consejo Disciplinario Región Centro Occidental del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los Treinta y Un (31) días del mes de mayo de Dos Mil Once (2011). El JU.....

Por las razones de hecho y de derecho precedentes, éste Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de diciembre de 2010 por el abogado ALEXANDER BÁRBARO en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Duodécimo (12°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 21 de diciembre de 2010. SEGUNDO: DESISTIDA la apelación interpuesta en fecha 11 de enero de 2011 por el abogado DIEGO MEJÍAS, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Duodécimo (12°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabaj.....

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Violencia contra la Mujer Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se CONDENA al acusado JHOEL ALFONZO ALVAREZ MONTOYA, quien manifestó ser de nacionalidad venezolana, nacido en fecha 29 de octubre de 1987, mayor de edad, de 23 años de edad, estado civil soltero, de profesión u oficio mesonero, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.813.485, residenciado en el Barrio Carpintero, Calle Paramaconi, Escalera Yaracuy, Casa N°32, Petare, Municipio Sucre, Estado Miranda, a cumplir la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, por ser autor y responsable en la comisión del delito de Abuso Sexual con Penetración a Adolescente, previsto y sancionado en el artículo 260 en relación con el primer aparte del artículo 259 de la L.....

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por Autoridad de la Ley emite los siguientes pronunciamientos: 1. Declara sin lugar el recurso de apelación planteado de conformidad con lo previsto en el artículo 447.4 del Código Orgánico Procesal Penal, por la abogada Luz Marina Tatis Sánchez, Defensora Pública Centésima Segunda (102º) Penal, en su carácter de defensora de los ciudadanos Indriago Johan Manuel y Hernández Ruiz Jeannosky José, contra la decisión del 12 de abril de 2011, dictada por el Juzgado Segundo (2º) de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal. 2. Confirma la decisión del 12 de abril de 2011, dictada por el Juzgado Segundo (2º) de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, cuyo auto fundado fue publicado en la misma fecha, mediante la cual se decreta .....

(...)Con base a las consideraciones anteriores, este Juzgado Trigésimo (30°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA por el ciudadano RICHARD ALEJANDRO DIAZ VARGAS, titular de la cédula de identidad N° 21.414.173, contra la empresa SUBWAY SUB BULEVAR, C.A, por concepto de cobro de prestaciones sociales, condenándose a ésta última, al pago de la cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO BOLIVARES FUERTES CON 22 CENTIMOS (Bs. F. 2.134,22), por los conceptos que fueron determinados en el cuerpo de la presente decisión (...)

PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión de fecha 18 de febrero de 2011, dictada por el Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano Mariela Santos Castro contra el Instituto Nacional De Los Servicios Sociales (INASS), en consecuencia, se ordena a ésta ultima a pagar a la actora los conceptos y montos señalados conforme a los parámetros establecidos en la parte motiva del presente fallo. TERCERO: SE CONFIRMA la sentencia apelada. No hay condenatoria en costas.

se acuerda concederle la homologación a la manifestación de voluntad presentada por las partes en este caso y el pase de autoridad de cosa juzgada, aplicándole las consecuencias previstas en el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a que no existe condenatoria en costas para las partes, enfatizándose que la manifestación de voluntad expuesta en la transacción en cuestión, constituye una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, de acuerdo a sus capacidades y, que por tanto, cumplieron las obligaciones contraídas en el acuerdo, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131 y 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Este Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Area Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara la perención en el presente juicio. Se hacen dos ejemplares uno para el copiador y otro para el expediente. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÓN. 201º y 152º Se deja constancia que la parte actora se entiende a derecho dada la presentación de la diligencia en fecha 24 de mayo de 2011. La Jueza La Secretaria Abg. Olga Romero Abg. Carmen Romero En día de hoy treinta y uno (31) de mayo de 2011, se diarizó y publicó la presente decisión. La Secretaria Abg. Carmen Romero

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL ACTA Nº DE EXPEDIENTE: AP21-L-2010-005670 PARTE ACTORA: VALOES OCTAVIO CANELONES ROSAO APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: DALIA COIRAN y OTRAS PARTE DEMANDADA: BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: MAYRALEJANDRA PEREZ REGALADO, HAYDEE AÑEZ ORPEZA MOTIVO: DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES. Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada. Asimismo se ordena la entrega de los escritos de pruebas consignado en la Audiencia Preliminar, se ordena el cierre del archivo y la terminación del proceso. Es todo. Termino, se leyó y .....