Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, actuando en sede Mercantil, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE LETRA DE CAMBIO intentó la ciudadana ZOILA ROMERO CASILDO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-14.774.998, representada en este proceso a través de sus apoderados judiciales, ciudadanos AIZA MERCEDES ROJAS CARRIZO, LUÍS ABRAHAM RIZEK RODRÍGUEZ e INÉS MARIELA GONZÁLEZ, Abogados en ejercicio, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad números V-7.176.490, V-3.174.252 y V-6.966.436, respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 44.288, 10.061 y 67.595, respectivamente; contra la ciudadana SONIA ELENA SACA DE SILVA, venezolana, mayor de eda.....

Por fuerza de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la acción que por cobro de bolívares intentara el FONDO DE PROTECCIÒN SOCIAL DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS FOGADE, ente liquidador de BANCO REAL, BANCO DE DESARROLLO, C.A, contra la sociedad mercantil TRANSPORTE J.L YOYOTTE, C.A y el ciudadano JOSE LUIS HIGINIO YOYOTTE ROJAS, en consecuencia, se condena a la parte demandada a pagar: PRIMERO: La suma de CIENTO DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 119.056,44); por concepto del capital adeudado. SEGUNDO: La suma de SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 74.845,91) por concepto de intereses compensatorios, calculados desde el 14 de Febrero de 2009 hasta el 15 de Septiembre de 2011, a la tasa del .....

PRIMERO: Declara su competencia para conocer y decidir la apelación interpuesta por el abogado Francisco Gil Herrera, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, en contra de la resolución judicial proferida el 30 de noviembre de 2012 por el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por cobro de bolívares incoara la Sociedad mercantil Banesco Banco Universal C.A. en contra del ciudadano Juan Manuel Melian Pérez; SEGUNDO: Asumida la competencia por este Órgano Jurisdiccional en la causa de marras, se ordena a trámite la apelación en referencia y se fija el décimo (10º) día de despacho siguiente a la data de la presente decisión para dictar sentencia de mérito, de conformidad con el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil.

(...) Visto el acto de autocomposición procesal alcanzado por las partes y la solicitud de la parte actora, este órgano, se abstiene de ejecutar el embargo y acuerda remitir el despacho al tribunal de la causa.(...)

Visto los anteriores Escrito de Pruebas presentados en fecha 05 y 07 de Diciembre de 2012, por el Ciudadano GABRIEL ALEJANDRO GONZÁLEZ, Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 144.251, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil TRANSPORTE DE VALORES BANCARIOS TRANSBANCA, C.A., parte demandada en el presente juicio; y el Ciudadano JOSE ANTONIO VELÁSQUEZ, Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 93.851, en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil IGLECOL AIR SERVICES IASCA, C.A., parte demandante en el presente juicio. Asimismo, visto el Escrito de Oposición a las Pruebas, presentado en fecha 01 de Marzo de 2013, por el Ciudadano GABRIEL ALEJANDRO GONZÁLEZ, anteriormente identificados, el Tribunal observa: Con relación a la oposición a la admisión de pruebas promovidas por la parte actora, presentada por la representación judicial de la parte demandada en fecha 01 de Marzo de 2013, este Tribun.....

Se impartió HOMOLOGACIÓN A LA TRANSACCION, en los términos establecidos en el escrito de transacción presentado en fecha 31 de enero de 2013, dándose por consumado el acto y procediéndose como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, resuelve: Primero: Se declara COMPETENTE para conocer la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana WILCARI VIOLETA CHIRINOS BARRIOS, titular de la cédula de identidad número V-22.358.590, debidamente asistida por el abogado JULIO ALFREDO BARRIOS inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 111.499, en contra del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA).- Segundo: Se ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana WILCARI VIOLETA CHIRINOS BARRIOS, titular de la cédula de identidad número V-22.358.590, debidamente asistida por el abogado JULIO ALFREDO BARRIOS inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 111.499, en contra del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Arm.....

SIN LUGAR LA RECONVENCIÓN Y SIN LUGAR LA DEMANDA DE DIVORCIO

- III - DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por Divorcio Contencioso siguió la ciudadana ANSELMA LOURDES DÍAZ MAYA contra el ciudadano PEDRO JOSÉ ALCANTARA ALCANTARA, ambas partes ya identificadas en esta sentencia. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 ejusdem.

Se DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.