En el día 25/09/06, se dicto auto de admisión a la solicitud de Separación de Cuerpos y Bienes interpuesto por los ciudadanos ANTONIO GABRIEL ARREDONDO GIGANTI y PAOLA MILAGRITOS OLIVERI ROEDER, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad N° V-6.855.800 y V-14.667.884, respectivamente.

El Tribunal los exhortó a la reconciliación y esta no pudo lograrse se DECRETA DICHA SEPARACION DE CUERPOS Y DE BIENES en los mismos términos y condiciones por ellos expuestos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Código Civil en concordancia con el artículo 762 del Código de Procedimiento Civil. Expídanse por Secretaría las copias certificadas que sea necesarias a los interesados, con inserción del presente auto y del referido Escrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil.

Este Tribunal la admite cuanto ha lugar en derecho. Por cuanto el Tribunal los exhortó a la reconciliación y esta no pudo lograrse se DECRETA DICHA SEPARACION DE CUERPOS Y DE BIENES en los mismos términos y condiciones por ellos expuestos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Código Civil en concordancia con el artículo 762 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, esta Juez Unipersonal IX del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley HOMOLOGA en todas y cada una de sus partes el presente convenio en los mismos términos y condiciones suscritos por las partes, de conformidad con lo establecido en los artículos 315 y 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Téngase como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada. Expídase por Secretaría, copias certificadas del presente auto y del acta convenio suscrito ante la Fiscal Nonagésima Quinta del Ministerio Público y entréguese a las partes interesadas a los fines de que surtan los efectos legales consiguientes. LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL LA SECRETARIA MARYEMMA FIGUEROA LOPEZ KARLA E. SALAS MF/KS/EE ASUNTO: AP51-S-2006-016062

Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara PERIMIDA LA INSTANCIA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA

Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: QUE EN EL PRESENTE CASO SE HA VERIFICADO LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en consecuencia se declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA y PERIMIDO EL PROCESO. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artìculo 283 del Còdigo de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo en el copiador de sentencias de este Juzgado en conformidad con los artículos 247 y 248 del eiusdem.

Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, y por las razones que han sido expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la ciudadana Carmen Elena Pares Urdaneta, actuando en su condición de heredera de Sucesión Ramón Gregorio González Almeida, asistida por el Abogado Antonio José Puppio León, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 1.255, contra la Resolución N° GJT-DRAJ-2002-A-09 emanada de la Gerencia Jurídico Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en fecha 13 de febrero de 2002. En consecuencia: PRIMERO: PROCEDENTE la solicitud de prescripción de las obligaciones tributarias, producto de la Declaración de Herencia de Ramón González Almeida, fallecido testado el 11 de julio de 1994, .....

Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha 02 de abril de 2003, por los abogados Félix Hernández Richards y Jean Baptiste Itriago, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad N° V-5.544.003 y V-11.225.779, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 23.809 y 58.350, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la contribuyente RCTV, C.A., contra la Resolución N° 1646 de fecha 28 de enero de 2003, dictada por la Gerencia General de Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE) y notificada a la recurrente en fecha 08 de octubre de 2004. En consecuencia: 1) ANULA la Resolución N° 1646 de fecha 28 de enero de 2003, y por consiguiente las cantidades que se detallan a continuación: i) La cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VENTIUN BOLIVARE.....

(...) este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PERIMIDA LA INSTANCIA y extinguido el presente proceso, toda vez que es evidente la absoluta intención de la parte interesada de abandonar el juicio, y visto que se cumplió suficientemente el lapso previsto para considerar extinguida la instancia por la inactividad procesal en que se mantuvo por más de un (1) año; Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha 21 de junio de 2004.

Encuentra este Órgano Jurisdiccional, conforme a la Gaceta Oficial N° 36.432, publicada en fecha 14-04-1998, que el valor de la Unidad Tributaria era de Bs. 7.400, y de acuerdo a la Resolución N° GRTIRZ-DFC-40-YP-379, de fecha 17-07-1998, confirmada mediante la Resolución N° GJT-DRAJ-A-2001-3188, de fecha 28-12-2001, el valor de la Unidad Tributaria vigente, para el momento en que se cometió la infracción, era de BS 7.400.