Por consiguiente, quien suscribe actuando en sede constitucional, y sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, observa que en el caso de autos existe la concurrencia de los requisitos exigidos para el decreto de la medida, pues, existe la apariencia de buen derecho del accionante, así como el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y aunado a ello, el peligro inminente dada la época en que se ha materializado la medida cautelar dictada por el Tribunal señalado como agraviante, por tanto, este sentenciador acuerda la medida cautelar innominada solicitada por el accionante, en consecuencia, se ordena la SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA dictada en fecha 13 de diciembre de 2022, por el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

PRIMERO: CON LUGAR LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONALque incoara la ciudadana la entidad financiera REPUBLIC INTERNATIONAL BANK, N.V., y el ciudadano JUAN CARLOS MALDONADO, este último a título personal y en nombre de la prenombrada empresa, contra la decisión judicial de fecha 14 de octubre de 2022 y el decreto cautelar de fecha 25 de noviembre de 2022, proferida por el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en el expediente No AP11-V-FALLAS-2022-000896. SEGUNDO: SE ANULAel auto de admisión de la demanda de fecha 14 de octubre de 2022, y el decreto de la medida cautelar de embargo de fecha 25 de noviembre de 2022, así como las actuaciones subsiguientes a estas, contenidas en dicho expediente.TERCERO:NO HAY CONDENATORIA EN COSTASpor la naturaleza del presente fallo . PUBLIQUESE Y REGISTRESE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y actuando por Autoridad de la Ley, declara: Primero: INCOMPETENTE para conocer como primera instancia de la acción de Amparo Constitucional interpuesta por la ciudadana ROSALINDA BARBOSA FERREIRA, interpuso Acción de Amparo Constitucional contra el ENTE RECTOR DE LA SALUD DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Segundo: SE DECLINA el conocimiento del presente asunto en un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.