Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, este Juzgado declara INADMISIBLE el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por los Abogados JOSÉ ISRAEL CORREA MONTAÑEZ, SILVIO JOSÉ CASTELLANOS HERRERA Y MARIELYNA GUINAND OLIVO, abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 83.574, 83.575 y 90.763, actuando en su carácter de Apoderados Judiciales de los ciudadanos: IRAIDA AGÜERO, YELITZA ARVELO, LILIA BARRIOS, HENRY CARABALLO, CILENIA CACIQUE, ESTEBAN CURBATA, ROSA FABI, ZULAY GALINDO, ILIANA GARCIA, YADMILE GODOY, CRISBELIA GONZALEZ, NORALBA MURILLO, MARITZA OJEDA, MANUEAL PEREZ, MARIA PINTO, MARLENE PINTO, JUAN SALAS, GIOMARA LINDADO, ELVIA BENITEZ, YOLANDA BERROTERAN, BELTRAN LIRA, ZULAY NIEVES HERNANDEZ, ZULEIMA LEAL, VITA NORIEGA, MORELA PARICHE, RE.....

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana RODIALENA SANCHEZ YANEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 12.623.717, representada por la abogada GLENDA DEL VALLE FERMIN GUZMAN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.719, contra Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE). En consecuencia: 1. Se Desaplica los artículos 2 y 3 del Estatuto de Personal de Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), contenido en la Resolución Nº 347.03, de fecha 16 de diciembre de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, numero extraordinario 5.685, de fecha 23 de diciembre de 2003. 2. Se declara nulo el acto administrativ.....

Frente a esta situación, para evitar que se agraven los daños de los "dolientes" de la querellante, con atención al contenido del artículo 26, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente a la Tutela Judicial Efectiva, aún estando en desacuerdo con la actuación del Juzgado Ejecutor y sin pretender justificarlo; éste Juzgado pasa a resolver la incidencia presentada por el fallecimiento de la querellante y destacada por el mencionado Tribunal Ejecutor, en éste sentido se indica que en lo concerniente a la reincorporación, la sentencia debe declararse "IMPOSIBLE SU EJECUCION" debido al fallecimiento de la querellante, circunstancia que debe asentarse en los autos de la Comisión y, en cuanto "al pago de los salarios dejados de percibir", debe tomarse en consideración los términos de la Sentencia, esto es: "(...) el pago de los sueldos dejados de percibir, desde el momento de su ilegal retiro hasta que se juramenten los expertos que realizan la experticia compl.....