este Tribunal por cuanto considera que el auto de fecha 12 de los corrientes se encuentra ajustado a derecho, resulta forzoso para este Juzgador Negar la revocatoria por contrario imperio del mismo, peticionada por la representación judicial de la parte actora; en cuanto a la apelacion del decreto de la medida ejecutiva dictada por este Juzgado en fecha 24 de abril de 2012 y su revocatoria este Juzgado niega ambas peticiones; En relación a la apelación ejercida en fecha 21 de junio de 2012, contra el auto de fecha 12 de los corrientes, este Juzgado oye dicha apelación en el solo efecto devolutivo; este Juzgado visto el escrito de fecha 25 de junio del presente año mediante el cual Formaliza la Tacha Incidental propuesta en el presente procedimiento contra el contenido del acta de fecha 22 de mayo de 2012, ordena desglosar el referido escrito y trasladarlo al Cuaderno que al efecto se ordena aperturar; por ultimo se ordena aperturar cuaderno a los fines de tramitar fraude procesal.

PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 267, EN CONCORDANCIA CON LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 269 AMBOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CON LA CONSECUENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 271 EIUSDEM, ES DECIR, QUE NO PODRÁ INTENTARSE DE NUEVO LA DEMANDA ANTES DE QUE TRANSCURRAN NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS DESPUÉS DE VERIFICADA LA PERENCIÓN. SEGUNDO: DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 283 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL NO HA LUGAR A COSTAS.

Se dictó auto mediante el cual se admitieron las pruebas promovidas en los capitulos I y II por la parte actora. En relación a la prueba de declaración de la parte, promovida en el Capítulo III, y a la Inspección Judicial promovida en el Capítulo IV, se negó la admisión de dichas pruebas. Con relación al mérito favorable de los autos promovida en el Capítulo II, por la Defensora Judicial de la parte demandad este Juzgado la admite cuanto ha lugar en derecho, por cuanto la misma no es manifiestamente ilegal o impertinentes, salvo su apreciación en la resolución definitiva.

Este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley NIEGA la medida preventiva solicitada por la parte actora.