Se dictó sentencia mediante la cual, este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa y, por ende, la EXTINCIÓN DEL PROCESO.

Actuando de conformidad a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, este tribunal dictó decisiòn mediante la cual fijó los hechos controvertidos en la causa que por DESALOJO interpuso AUDIO GELIO PORRAS MENDEZ contra la arrendataria SUSANA DINORAH ACOSTA. Fue ordenada su notificación a las partes, para que comience el lapso probatorio.

Este Tribunal en consecuencia, ordena la remisión del expediente al Tribunal de origen, Juzgado Vigésimo Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO sobre el inmueble

- III - DISPOSITIVA Por todas las consideraciones que han quedado expuestas, este Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CONSUMADO EL DESISTIMIENTO, de conformidad con lo establecido en el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, intentó la sociedad mercantil MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL, contra las ciudadanas PAOLA MERCEDES GUZMAN CAHUAO y YUSMARY CAROLINA ROJAS PIÑANGO, ambas partes suficientemente identificadas en el texto del presente fallo. Asimismo, este Tribunal acuerda la devolución del documento original del contrato de préstamo, el cual cursa a los trece (13) al dieciocho (18), ambos inclusive, solicitada mediante diligencia de fecha 31 de mayo de 2017. En .....

Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN A LA TRANSACCION JUDICIAL presentada y acuerda proceder en el contexto establecido por sus firmantes.

éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243, del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: ADMISIBLES las pruebas promovidas por la defensora judicial de la parte demandada.

Se dictó decisión mediante la cual se homologó el convenimiento efectuado en fecha 30 de mayo de 2017, por el ciudadano Javier José Franco Dorado, titular de la cedula de identidad Nº 14.331.895, actuando en su carácter de Director y Avalista de INVERSIONES DEL VALLE 1813 C.A, parte demandada, en los mismos términos en él expuestos, debiendo tenerse tal decisión como Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

De la norma transcrita, se puede inferir que si bien se permite al tribunal después de proferido el fallo, aclarar los puntos dudosos o errores de copia, no le es permitido modificar ni mucho menos revocar un fallo ya dictado, por ello resulta improcedente la solicitud efectuada por la apoderada Emirka Tua, pues la misma pretende sea revocado en fallo ya dictado y se haga nuevo pronunciamiento, en consecuencia se niega la solicitud. En cuanto al anuncio de casación interpuesto, este tribunal proveerá lo conducente una vez conste en autos la notificación de la parte actora y haya transcurrido el lapso legal establecido en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.

Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara abierto a pruebas el presente juicio conforme a la normativa dirigida al procedimiento ordinario. Entiéndase abierto el lapso probatorio una vez conste en autos la última de las notificaciones que de las partes se realicen.