Vistos los escritos de promoción de pruebas presentados por el abogado DUNCAN ESPINA PARRA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 84.763, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano CARLOS JULIO QUINTO, titular de la cédula de identidad número V- 5.972.218, parte querellante en la presente causa; y por el abogado HENRY BRITO PÉREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 115.474, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO EL HATILLO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, pasa este Juzgado Superior a pronunciarse sobre la admisibilidad de las mismas en los términos siguientes:

En virtud a lo antes expuesto este Tribunal declara IMPROCEDENTE la aclaratoria solicitada por la abogada CARMEN LIZETH GUARICUCO GONZALEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 75.945, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana NELLY MARGARITA NÚÑEZ DE PIÑATE, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.400.823. Y así se decide.

Visto que en fecha 27 de febrero de 2012, este juzgado por error involuntario omitió pronunciarse sobre la admisión de las pruebas promovidas por la abogada MARIA DEL VALLE MARQUINA GARCÍA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 66.357, actuando en su propio nombre y representación, quien funge como parte querellante en la presente causa; este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de las mismas en los siguientes términos:

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, del recurso contencioso administrativo funcionarial conjuntamente con acción de amparo cautelar interpuesto por la ciudadana HAYDEE JOSEFINA PÉREZ DÍAZ, titular de la cédula de identidad número de identidad número V.- 4.163.601, asistida por el abogado LUIS O. TELLEZ CÁRDENAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 33.370, contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS.-