PRIMERO: CONSUMADO EL DESISTIMIENTO de la pretensión por DAÑO MORAL, suscrita por el ciudadano LUIS AUGUSTO ARÉVALO OBERTO, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad número V- 3.223.647, parte actora debidamente asistido del profesional del derecho LEONEIDYS OSMARI NAVARRO HERRERA inscrito en el Inpreabogado bajo el nro. 265.720. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil, el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes de que transcurran noventa (90) días.

PRIMERO: DECLARA la INTERDICCIÓN PROVISIONAL de la ciudadana RITA ELENA DE LAS MERCEDES RIVERO DE RUBINO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V- 4.084.428, surtiendo esta declaratoria efectos jurídicos, de conformidad con el artículo 403 del Código Civil, quedando designado como TUTOR INTERINO ciudadana RITA ELENA RUBINO RIVERO, venezolana, mayor de edad, estado civil casada, de profesión Biólogo y titular de la cédula de identidad N° V-15.328.971, hija de la presunta entredicha. SEGUNDO: Prosígase el procedimiento, quedando la causa abierta a pruebas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Se ordena la publicación íntegramente del dispositivo de esta sentencia en la prensa, mediante cartel y registrarse en la oficina de Registro Público respectiva, una vez quede la misma definitivamente, ello para darle cumplimiento los artículos 414 y 415 del Código Civil.

ADMITE LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por los abogados ANTONIO J PUPPIO y RODRIGO KRENTZIEN, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 8.730 y 75.176, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INVERSIONES TROGÓN S.A., en contra del Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los articulo 1 y 2 de la Ley Orgánica, y en de Amparo Sobre derechos y Garantías Constitucionales y en acatamiento de la sentencia de fecha 01-02-2000 con la ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO por mandato constitucional vinculante para todos los Tribunales de la República.