En fuerza de los razonamientos que anteceden, este JUZGADO SEXTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República y por autoridad de la ley declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio por los ciudadanos NORIBEL LUCÍA PIZZELLA GONZÁLEZ y RUBEN CARLOS GIBIAQUI MOROCOIMA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-13.123.623 Y V-10.866.757, respectivamente. En consecuencia, DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL que unía a los citados ciudadanos, contraído en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil uno (2001), por ante el Consejo Municipal del Municipio Juan Vicente Campo Elías del estado Trujillo, según se evidencia de Acta Nº 06, llevada en el libro de registro civil del año 2001. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA.

PRIMERO: Parcialmente con lugar la apelación de la parte actora, y sin lugar la apelación de la demandada, contra la decisión del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial, de fecha 07 de diciembre de 2011, la cual queda modificada en los términos de este fallo. SEGUNDO: Parcialmente con lugar la demanda interpuesta por JOSE LUIS GARCIA PEREZ, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 9.483.268; contra la firma mercantil, de este domicilio, BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita por ante el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en el 3er. trimestre de 1890, bajo el N° 33, folio 36 vto. del libro protocolo duplicado. TERCERO: Se condena a la empresa demandada a pagar al actor, los conceptos de: 1.- La prestación de antigüedad y los días adicionales, de toda la relación de trabajo, conforme al salario que arroje la experticia complementaria del fallo o.....

En la Acción de Amparo Constitucional incoada por los Ciudadanos YAMIN SADIA BENHAMU CHOCRON y SION DANIEL BENHAMU CHOCRON, en contra los Ciudadanos GUILLERMO MOLINER EINHORN, MIRIAM MARY BENHAMU DE MOLINER EINHORN, MOISÉS MOLINER BENHAMU, JONATHAN MOLINER BENHAMU, se dictó decisión mediante la cual SE NEGÓ la Medida Cautelar Innominada solicitada por la parte accionante.

/Se Homologó el Convenimiento Provisional de Responsabilidad de Crianza (Custodia) así como sus recaudos, presentada por la abogada BLANCA AURORA MARCANO MORALES, en su carácter de Fiscal Nonagésima Cuarta (94°) del Ministerio Público, a petición de los ciudadanos ALFONSO DAVID ABAD DELGADO y YURVIN YANETH BONILLA LÓPEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad. V-13.869.535 y V-12.962.888, respectivamente, a favor de sus hijas, "cuya identificación se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes" de diez (10) y doce (12) años de edad, respectivamente

esta Juez Décima Quinta (15°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Transición de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo previsto en los artículos 206 y 211 del Código de Procedimiento Civil, REPONE LA PRESENTE CAUSA AL ESTADO DE NUEVA ADMISION, y ASI SE DECIDE.

En mérito de todos y cada uno de los argumentos anteriormente expuestos este TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL ACTUANDO EN SEDE CONSTITUCIONAL, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA el DESISTIMIENTO interpuesto por la abogada RITA LUGO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 73.348, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARÍA MERCEDES LARAZZABAL, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-6.560.421, parte recurrente en el Recurso de Apelación signado con el Nº AP51-R-2012-005093, de conformidad con lo establecido en el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.

Por las motivaciones de hecho y derecho antes expuestas este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio seguido por el ciudadano LUIS ORLANDO VOLCANES contra SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL ALUMINIO C.A.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: UNICO: Improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo número 0204-2010, de fecha 23 de julio de 2010, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Distrito Capital y Vargas del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, solicitada por la representación judicial de la empresa MANAPLAS, S. A. Por la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.

Ahora bien; a los fines de evitar posibles renuncias, las cuales aparecen contenidas en la cláusula Décima Primera, por aparecer señaladas de manera genérica, esta Juzgadora homologa el presente acuerdo en cuanto al procedimiento. El resto de las cláusulas una vez revisada, se determina que la misma cumple con los requisitos exigidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto versa sobre los derechos reclamados en el escrito libelar, que está circunstanciada y fueron discriminados los derechos en el escrito transaccional, en consecuencia este Juzgado homologa la transacción expresada por las partes en cuanto al procedimiento, dándole efecto de cosa juzgada. La Juez El Secretario Abg. Beatriz Pinto Abg. Dorimar Chiquito

SE DECLARÓ LA PERENCION DE LA INSTANCIA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 267 DEL CPC.