"...este Tribunal Ejecutor administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara secuestrados los locales señalados y los coloca libre de personas y bienes muebles de la parte ejecutada en posesión de la Depositaria Judicial MONAY, C.A., representada en este acto por el ciudadano JESUS MELENDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, hábil, titular de la cédula de identidad N°11.814.946, quien aceptó conforme en nombre de su representada".

"...Vista la solicitud de la parte ejecutante, este tribunal la acuerda, y ordena archivar el expediente conteniendo el mandamiento de ejecución hasta la solicitud de una nueva oportunidad por escrito por parte del ejecutante".

Ahora bien, por cuanto de una revisión los recaudos presentados se evidencia que se encuentran llenos los extremos requeridos en los Artículos 585 y 588, ordinal Segundo (2°) del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el Artículo 70 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, particular segundo, éste Tribunal decreta MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO de bienes muebles, sobre de las diez (10) unidades de transporte

Ahora bien, visto el desistimiento realizado por la parte actora ciudadano DOUGLAS ROSENDO ACEVEDO BORGES, supra identificado, tienen plena facultad para realizar dicho trámite, del presente expediente signado con el N° 24.070 (nomenclatura de este Tribunal), éste Tribunal le imparte su correspondiente HOMOLOGACIÓN en los mismos términos expuestos por la parte, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.-

LA FALTA DE JURISDICCIÓN DEL JUEZ RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y en consecuencia, se ordena la consulta inmediata a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conforme las previsiones del artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, y así decide.-

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Iván J. Varela Delgado actuando como representante judicial de la Sociedad Mercantil INVERSIONES 11-11-88 C.A., contra la Providencia Administrativa Nº 1087-2005 dictada en fecha 23 de septiembre de 2005 por la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro, Los Teques, Estado Miranda, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos solicitada por el ciudadano GABRIEL GILBERTO GONZÁLEZ CARRERO contra la nombrada Empresa.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Nicolás Díaz Claro, actuando como apoderado judicial de la Empresa ALFARERÍA IBERIA C.A., contra la Providencia Administrativa N° 970/04, dictada en fecha 30 de diciembre de 2004 por la Inspectoría del Trabajo en Los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda, en la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano JUSTO RAÚL BUENO, contra la nombrada Empresa.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto el abogado José Luis Ramírez, actuando como apoderado judicial del ciudadano FREDDY ANTONIO MACHIN SISCO contra la Resolución dictada en fecha 22 de julio de 1988, por la Comisión Tripartita Primera de Segunda Instancia en el Distrito Federal y Estado Miranda, mediante la cual revocó la Resolución dictada el 22 de abril de 1988 por la Comisión Tripartita Segunda de Primera Instancia en el Municipio Libertador del entonces Distrito Federal, en la que a su vez se había declarado con lugar el reenganche y pago de salarios caídos incoado por el ciudadano antes mencionado contra la Empresa Recuperaciones Banconac, C.A.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el ciudadano DOMINGO FRANCISCO MONACO, actuando en representación de sus padres GIUSEPPE MONACO FALCONE Y ROSA AURORA RODRIGUEZ DE MONACO, representados por los abogados Rafael J. Chavero Gazdik y Nathaly Rodríguez Rangel, contra el acto administrativo contenido en el oficio S-CU-06-0047 dictado en fecha 08 de febrero de 2006 por la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda.

En mérito de las anteriores consideraciones, esta Sala de Apelaciones N° I (Accidental) de la Corte Superior del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: Primero: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano HECTOR DAVID FANDIÑO PICOS, en cuanto a las bonificaciones correspondientes a los meses de agosto y diciembre y en consecuencia, se confirma la decisión apelada. Segundo: En cuanto a la apelación interpuesta por el mismo ciudadano en referencia a la Aclaratoria, esta Alzada se abstiene de emitir pronunciamiento por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo, que se dan aquí íntegramente por reproducidas.