III DISPOSITIVO Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Vigésimo Segundo (22°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con lo previsto en los artículos 201 y 202 Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, que se aplican por analogía del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en consecuencia la terminación del presente proceso. SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas. TERCERO: Se ordena la notificación de la parte oferente de la presente decisión.

Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión contenida en la demanda que por NULIDAD DE CONTRATO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS incoara la sociedad mercantil INVERSIONES SCMM, C.A. contra la sociedad mercantil INMOBILIARIA JM & NR, C.A. y los ciudadanos JULIAN JOSÉ MÁRQUEZ NATERA y NANCY MARGARITA RUIZ TOVAR, ampliamente identificados al inicio, DECLARA: PERIMIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso.-

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Estadal Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° 18.761.471, debidamente asistida por el abogado CARLOS MANUEL LEÓN VILLAMEDIANA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 156.947, actuando en su condición de Defensor Público Provisorio Sexto (6°) con Competencia en Materia Contencioso Administrativa del Área Metropolitana de Caracas, contra la Providencia Administrativa N° 003 de fecha 25 de marzo de 2019, emanada de la Coordinación de Gestión Humana del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).

Por las motivaciones que anteceden, este Juzgado Décimo Noveno (19º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE LA HOMOLOGACION DE LA TRANSACCIÓN PRESENTADA en el juicio incoado por los ciudadanos Germán Castillo y José Varahona, en contra del Instituto Venezolano de Capacitación Profesional De La Iglesia (INVECAPI). SEGUNDO: No hay condenatoria en

Visto el escrito de promoción de pruebas presentado por la defensora judicial de la cónyuge accionada, el 25 de junio de 2019, este tribunal lo declara tempestivo, por cuanto fue incoado dentro de la oportunidad legal establecida en la providencia del 03 de junio de 2019. Así se establece.- Ahora bien; observa este juzgado que las documentales detalladas ut supra, se acompañaron como anexos al escrito de contestación a la solicitud fechado 03 de octubre de 2018, presentado por la defensora judicial de la cónyuge accionada, SAUSAN SOLANLLE ABOU MOGHDEB ALCHAER, venezolana, mayor de edad, de este domicilio titular de la cèdula de identidad Nº V-13.541.008, abogada INGRID DEL VALLE FERNANDEZ MARCANO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V- 11.610.256, e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 70.535; que por guardar relación con lo indicado en dicho acto se ADMITEN, salvo su apreciación en la definitiva.-

ÚNICO: Se ADMITEN en los términos expresados en la parte motiva del presente fallo las pruebas ofrecidas por los intervinientes en el presente proceso de DIVORCIO 185-A, del Código Civil, impetrado el 14 de febrero de 2017, por el ciudadano EUGENIO GUIDO TESSER CASARIN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-5.532.100, asistido por la abogada NATHALY J. LEÒN PEREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 74.831, en contra de su cónyuge SAUSAN SOLANLLE ABOU MOGHDEB ALCHAER, venezolana, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nº V-13.541.008, en conformidad con lo estipulado en los artículos 1.357 del Código Civil, 429, 482 y 183 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la Sociedad Mercantil SAN LUICALA, Sociedad Mercantil de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No 66, Tomo 3 – B, de fecha 05 de febrero de 1975, debidamente representada por los abogados SIMÓN AMUNDARAIN, ANDERSON ALCALA y EUSTORGIO ALCALA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 32.443, 103.612 y 181.142, respectivamente, mediante el cual solicitaron la nulidad del Oficio N° DOPS/GGO/1802, de fecha 30 de octubre de 2015, dictado por el entonces Ingeniero Francisco Mendoza, en su condición de Director de Obras Publicas y Servicios de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO INDEPENDENCI.....

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los artículos 12, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: ADMISIBLE la acción de amparo constitucional, incoada por las ciudadanas DENISE ARISMENDI y JOCELYN ARISMENDI, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.711.471 y V-12.711.472, respectivamente, contra el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Se ordena notificar al mediante oficio al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la .....

Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: ADMISIBLE el recurso extraordinario de casación anunciado en fecha 4 de junio de 2019, por el abogado JOSÉ RAFAEL BALDÓ DÍAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 39.793, actuando en su propio nombre y representación, parte codemandada, contra la sentencia proferida por esta alzada, en fecha 23 de mayo de 2019. SEGUNDO: Dada la naturaleza de la presente decisión no hay expresa condena en costas. TERCERO: Remítase el expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión conforme el artículo 248 del Código Adjetivo Civil. Dada, firmada, sellada y publicada en la Sala de .....

(...) DECLARA: ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A. y VINCCLER, C.A., VENEZOLANA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CLERICO, COMPAÑÍA ANÓNIMA, empresas que conforman el CONSORCIO LÍNEA II, contra el Acto administrativo de efectos particulares contenido en el Informe de Investigación de Origen de Enfermedad, suscrito por la funcionaria Yoraxy Mora, en su condición de Inspectora de la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores del Estado Miranda "Delegado de Prevención Jesús Bravo", órgano dependiente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), de fecha seis (06) de octubre de 2015, con motivo del caso del ciudadano Ernesto Aguilar, titular de la cedula de identidad N° V-23.240.733, según orden de trabajo N° MIR15-1804. Se ordena notificar de la presente decisión a la parte recurrente, a la Fiscalía del Ministerio Público del Distrito .....