declara las presentes actuaciones TITULO SUPLETORIO, suficiente sobre las bienhechurías descritas en la solicitud, "Ubicado el Sector El Terminal, Mesuca, Calle Principal, Local Nº G-46-A, Piso Pb, Parroquia Petare del Estado Miranda", a nombre del ciudadano DAMIAN SEGUNDO OSPINO, titular de la cédula de identidad Nro. V-15.132.594.

Este Tribunal sin perjuicio de terceros de igual o mejor derecho, y conforme con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, declara TITULO SUPLETORIO sobre las bienhechurías a que se contrae la presente solicitud, a favor de la ciudadana MARY JASMIN MONTES DE OCA YEPEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-6.268.027 respectivamente. Así se decide.-

Este Tribunal niega la medida solicitada en razón de la prohibición legal del decreto de medidas cautelares preventivas de embargo sobre bienes inmuebles

En virtud de las razones antes explanadas y tomando en consideración que la presente demanda entraña reclamaciones de carácter patrimonial, tal y como se desprende del parágrafo segundo del petitorio explanado en el libelo de la presente demanda, y las cuales no tienen un procedimiento especial contemplado en nuestra norma adjetiva civil, este Juzgado se declara Incompetente en razón de la CUANTIA, en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 y primer aparte del Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, éste Juzgado DECLINA el conocimiento de la presente causa y ordena remitir mediante oficio el presente expediente en original a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, una vez transcurrido el lapso previsto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, CUMPLASE.- .....

este Tribunal administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley se DECLARA INCOMPETENTE EN RAZON DEL TERRITORIO, toda vez que el asunto que se ventila le corresponde conocerlo a un Tribunal con competencia en lo Civil del estado Táchira, por consiguiente se DECLINA LA COMPETENCIA y ORDENA remitir el expediente al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal.

Por los señalamientos antes mencionados, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Sin lugar la apelación ejercida por la ciudadana Irma Josefina Medina De Mendoza, debidamente asistida por la abogado Regina Kauan, en fecha veintisiete (27) de octubre de 2017 en contra del auto de fecha veintiséis (26) de octubre de 2017. SEGUNDO: Se confirma el auto de fecha veintiséis (26) de octubre de 2017, dictado por el Juzgado Décimo Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. De conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, por haberse confirmado la sentencia recurrida se condena en costas a la parte accionante.

Se dictó decisión mediante la cual se Declaró Perimida la Instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y extinguido el proceso.

En merito de lo anterior, este Juzgado Superior Estadal Decimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara LA PERDIDA DEL INTERES PROCESAL Y EN CONSECUENCIA EL ABANDONO DEL TRAMITE, en el presente Recurso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana MARLENE JASPE LANDAEZ, titular de la cedula de identidad V-10.092.115, motivado al cobro por prestaciones sociales, por cuanto el pago le ha sido negado por parte de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO EULALIA BUROZ DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los 13 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018). Años 207º de la Independencia y 159º de la Federación.

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Decimo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados ENRIQUE JOSÉ CHACON BRETO, RICARDO ARTURO NAVARRO URBAEZ y SALVADOR ANTONIO LUQUE GODOY, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 41.762, 21.085 y 154.750 respectivamente, actuando en su carácter de representantes judiciales del ciudadano TOMÁS JOSÉ DANIEL URBAEZ, titular de la cédula de identidad número V-4.978.374, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. En consecuencia pasa esta administradora de justicia a precisar el contenido del dispositivo del fallo de la presente sentencia en los siguientes términos: PRIMERO: Se RECONOCE el derecho del querellante a la inclusión del monto correspondiente a la Bonificación .....

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Ricardo Arturo Navarro Urbáez, Salvador Antonio Luque Godoy y Enrique José Chacón Breto, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.085, 154.750 y 41.762, respectivamente, actuando en su carácter de representantes judiciales de la ciudadana ANA TERESA LORETO DE SALVATIERRA, titular de la cédula de identidad número V- 5.070.669, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. En consecuencia pasa esta administradora de justicia a precisar el contenido del dispositivo del fallo de la presente sentencia en los siguientes términos: PRIMERO: Se RECONOCE el derecho de la querellante a la .....