éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: ADMISIBLES las pruebas promovidas por la representación judicial de la parte actora, salvo la prueba de informes a la la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la del Tribunal Décimo de Primera Instancia Itinerante de Sobreseimiento en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: ADMISIBLES las pruebas promovidas por la representación judicial de la parte demandada.

Como se desprende del criterio anteriormente transcrito, la admisibilidad del recurso de casación contra las decisiones que decreten medidas cautelares, constituyen interlocutorias que no ponen fin a la incidencia cautelar ni impiden su continuación, por el contrario, permiten que se siga sustanciando, ya que pueden ser modificadas posteriormente, y contra ellas, una vez decretadas, nace por mandato de la propia Ley, la posibilidad de oponerse o no ante el Juzgado de la causa; en razón de lo cual, lo procedente en derecho es declarar inadmisible la admisión del mismo, en virtud de ser la sentencia recurrida en casación una de las cuales ordena el decreto de una medida cautelar. Así se decide.- En consecuencia de lo anteriormente expuesto, y en atención al criterio jurisprudencial citado; es forzoso para este Tribunal, declarar INADMISIBLE el Recurso de Casación formulado el día cinco (05) de noviembre de dos mil dieciocho (2.018), por el co-demandado, ciudadano EMILIO BALI ASAPCHI, as.....

De las normas jurídicas transcritas el legislador dejo plenamente establecido los requisitos esenciales, que facultan al Juez para decretar o negar medidas preventivas tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, del estudio de las actas que conforman este expediente, no se constata prueba alguna que sea capaz de crear la convicción de la existencia del temor o el riesgo manifiesto de que pudiera quedar ilusoria la ejecución del fallo, requisito éste contenido en la norma para que opere la figura del "periculum in mora". En cuanto a la presunción grave del derecho que se reclama, es decir, al "fumus bonis iuris", tampoco existe en autos elemento alguno que pruebe fehacientemente dicha presunción. En tal sentido, al NO cumplirse con los dos (2) requisitos concurrentes bajo los cuales se podría decretar las MEDIDAS PREVENTIVAS: MEDIDA CAUTELAR de EMBARGO sobre los BIENES y PARTIDAS DE PUBLICIDAD, así como la MEDIDA PRECAUTELAR de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES INMUE.....

declara las presentes actuaciones TITULO SUPLETORIO suficiente sobre las bienhechurías descritas en la solicitud, identificada como "Urbanización Caricuao UV-9, adyacente a la planta baja del Bloque 12-A, Parroquia Caricuao, Municipio Libertador del Distrito Capital, Código Catastral N° 01-01-04-U01-009-001-015-000-000-000", a favor del ciudadano RAMON EDUARDO AYALA MEDINA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-10.531.333

este Juzgado Tercero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación formulada por la representación judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 24 de abril de 2018. SEGUNDO: Se REVOCA la sentencia objeto de apelación. TERCERO: Se REPONE la causa al estado de que el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, notifique al beneficiario de la Providencia Administrativa. CUARTO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.

Se dictó sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, se homologó la transacción suscrita entre las partes en los términos que fue acordada por ellos.

Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Cuarto Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Se DECLARA INCOMPETENTE por la materia para conocer la demanda interpuesta por OMAIRA MERCEDES ALFONZO GARMENDIA contra el SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME). En consecuencia pasa este administrador de justicia a precisar el contenido del dispositivo del presente fallo en los siguientes términos: PRIMERO: Se DECLARA INCOMPETENTE por la materia para conocer la demanda interpuesta por OMAIRA MERCEDES ALFONZO GARMENDIA contra el SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME), de conformidad con lo expuesto en la motiva del fallo.- SEGUNDO: Se DECLINA la competencia en los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana .....

Se dictò y publicó decisiòn mediante la cual se admitió la querella interpuesto por el ciudadano DEIVID ALEXANDER VARGAS CORONEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-21.537.913, contra el CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA

DISPOSITIVO Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO por incumplimiento de contrato colectivo y otros conceptos laborales, incoado por los ciudadanos LUIS ARTURO ABREU VILLEGAS, JOSE GREGORIO TERAN, FRANKLIN ANTONIO ROMERO LUGO, JUAN JOSE CASTRO ROJO, MARTIN RAFAEL ROMERO REYES, YORVEN ALEXANDER MENDOZA, SERGIO JOSE PEREZ, DIEGO FRANCISCO PEÑERO VIERA, GUSTAVO FELIPE CALZADILLAS FIGUERAS, JESUS TOLEDO, FRANKLIN JESUS RAMIREZ LEON, EDGAR RAMON CAMPOS CARABALLO, ELVIS JOSE OCHOA, JUAN ANTONIO YEPEZ DOMINGUEZ, WILLIAM VICENTE LOBOS AROCHA, HERIBERTO PERNALETE DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO RAMIREZ BOHORQUEZ, PEDRO SEGUNDO GARCIA LOPEZ y ODIN HUMBERTO GARCIA DURAN, contra la entidad de trabajo NOHEMY, C.A.....

declara como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de la De Cujus IRIS DEL VALLE CASTRO DE PRADO, quien en vida fuera titular de la cédula de identidad Nº V-3.955.096, a sus hijos, ciudadanos NACARYS DEL VALLE PRADO CASTRO y ENRIQUE JOSE PRADO CASTRO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad nros. V-13.887.396 y V-15.153.258, respectivamente.