JUZGADO SÉPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en virtud que esta causa se encuentra comprendida en los presupuestos de la Resolución N° 2011-0062, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de noviembre de 2011, DECLARA: PRIMERO: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el juicio por COBRO DE BOLÍVARES que incoara la ciudadana KETTY MATHEUS GONZÁLEZ, en contra de la ciudadana ZANDRA E. GIBSS GONZÁLEZ., partes plenamente identificadas en el encabezado del fallo. SEGUNDO: Se SUSPENDE la medida de embargo preventivo sobre bienes propiedad de la ciudadana ZANDRA E. GIBSS GONZÁLEZ, decretado en fecha 24 de febrero de 2000, por el Tribunal de la causa, Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mer.....

PRIMERO: EL DECAIMIENTO DE LA APELACIÓN interpuesta por el apoderado judicial de los terceros opositores contra el fallo dictado en fecha 24 de abril de 2000, por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual declaro: Sin Lugar la oposición realizada por los terceros opositores ciudadanos JESUS CIRILO ZAVALA y DILIA GISELA GALINDEZ DE ZAVALA, contra la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar recaída sobre un inmueble constituido por un apartamento identificado con el N 11-B, situado en la primera planta del Edificio denominado Residencia los Granados, ubicado en la Urbanización Palo Verde, Jurisdicción del Municipio Petare, Distrito Sucre del Estado Miranda, decretada en fecha 21 de julio de 1998. SEGUNDO: Se Ordena la remisión de este expediente al Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de la prosecución de la causa. TERCERO: De conformidad con lo dispue.....

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado SEXTO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: REPONE DE OFICIO la causa al estado que se admita nuevamente la demanda interpuesta por el Instituto Autónomo FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (FOGADE) y, notifique a la Procuraduría General de la República, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. TERCERO: Se ordena remitir el expediente, al Tribunal de origen, en virtud de la falta de competencia de este Juzgado en sustanciar.

III DISPOSITIVA En mérito a todos los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: EXTINGUIDA LA ACCIÓN, por pérdida del interés, en la acción que por COBRO DE BOLÍVARES, sigue la ciudadana MILAGROS PÉREZ DE OCAÑA, en contra de la Sociedad Mercantil MULTINACIONAL DE SEGUROS, antes denominada "SEGUROS CORDILLERAS, C.A." SEGUNDO: Por la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas. TERCERO: Por cuanto la presente decisión fue dictada fuera del lapso legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena notificar a las partes. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE. Déjese Copia Certificada.....

este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda de COBRO DE BOLÍVARES intentada por BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A., BANCO UNIVERSAL, en contra de la Sociedad Mercantil LUBRICANTES DE AMÉRICA COMPAÑÍA ANÓNIMA, y el ciudadano FRANCISCO JAVIER ZAMUDIO, ambas partes plenamente identificadas en el encabezamiento de la presenten decisión. SEGUNDO: SE CONDENA a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,00), correspondiente a la totalidad del monto del préstamo que le fuera concedido. TERCERO: SE CONDENA a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES FUERTES CON 33/100 (Bs. 38.383,33), por concepto de cuatrocientos cuarenta y do.....

Con vista a la prohibición establecida en el Decreto Ley publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.305, de fecha 29-11-2013, el Tribunal considera que en el presente caso debe negarse como en efecto se NIEGA el decreto de la medida cautelar de secuestro solicitada por la parte actora. Y así se decide. Cúmplase.

Se declaró SIN LUGAR la apelación ejercida por el apoderado judicial de la ciudadana MARÍA DOLORES JEREZ MALDONADO, en contra del auto que homologó el convenimiento realizado por dicha parte, el cual fue dictado por el Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 10 de julio de 2.006. En consecuencia, SE CONFIRMA el mencionado auto que homologó el convenimiento. De conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condenan en costas del recurso a la parte demandada-apelante.......

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Sexto de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: INADMISIBLE la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, interpuesta por los abogados ALICIA YRADY PELLICER y YELITZE CORTEZ SANDOVAL, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 45.031 y 71.732, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil ARRENDADORA OBELISCO, C.A inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 20 de enero de 1.994, bajo el No.17, Tomo 17-A, en contra del ciudadano ANGEL LÓPEZ. Se declara nulo el acto que admitió la demanda, así como las subsiguientes actuaciones.

Se declara, HOMOLOGADA la transacción celebrada en fecha 14 de Febrero del 2014, en los términos señalados por las partes, por cuanto la misma versa sobre la controversia planteada en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, interpuesta por la Ciudadana ADRIVEL ALVAREZ VELAZCO, contra la Ciudadana MARIA DEL SOCORRO CAMERO ZERPA, el cual se sustancia en el expediente signado bajo el Nº: AP11-V-2013-001479, de la nomenclatura particular de este Circuito Judicial, por no ser contraria a derecho o alguna disposición expresa de la Ley y versa sobre derechos disponibles. Asimismo, se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme lo establece el Artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.-

Visto el escrito de pruebas promovido por la representación judicial de la parte demandante en el presente juicio, este Tribunal a los fines de pronunciarse sobre las mismas, previamente observa: De las pruebas promovidas por la parte demandante: Vistas las pruebas promovidas en su oportunidad legal por el ciudadano JOSE ANDRES NUÑE CHACÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-1.720.885, debidamente asistido por HECTOR A. VILLASMIL MENDOZA., abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 4.2371, actuando en su carácter de parte demandante, esta juzgadora observa: En relación a las pruebas documentales, este tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto no son manifiestamente ilegales o impertinentes, las admite cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva. En relación a la prueba de experticia promovida, este tribunal de co.....