Este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por la ciudadana MARIA AUXILIADORA VAZQUEZ CORONA, portadora de la cédula de identidad Nº V- 6.163.187, representada judicialmente por los abogados Douglas Jose Rivas Ortega y Maria Mileyda Espinel, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 59.901 y 160.142 respectivamente, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.

PRIMERO: Se declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD las reclamaciones solicitadas por la ciudadana ZENAIDA ENRIQUETA SINGER PADRÓN, asistida por el abogado Luis Humberto Sánchez Henrriquez, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ), relativas al pago de la diferencia de prestaciones sociales, aumentos salariales, bono vacacional y la diferencia del salario mensual percibido por concepto de jubilación. SEGUNDO: Se declara SIN LUGAR lo pretendido por concepto de Fideicomiso no cancelado.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar formulada por la ciudadana Rosela Gonzáles, titular de la cedula de identidad Nº 7.211.905 , debidamente asistida por el abogado Manuel Assad Brito, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 31.580, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en el Oficio Nº 154, de fecha 16 de septiembre de 2014, suscrito por la Gerente de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Vivienda, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo.

Con base a lo anterior, observa este Juzgado Superior que se incurrió en un error material al declarar firme la aludida sentencia sin haber emitido pronunciamiento con relación a la apelación interpuesta, en consecuencia, a los fines de garantizar el derecho a la defensa de las partes y al debido procedo contemplado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, revoca por contrario imperio el auto dictado en fecha 09 de diciembre de 2014, mediante el cual se declaró. Definitivamente firme la sentencia dictada por este Tribunal en fecha 20 de octubre de 2014. Así se decide.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella funcionarial la ciudadana JANET COVA ORDAZ, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº V-2.643.194, debidamente asistida por la abogada Andreina Lucia Cesarino Lazarde, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 112.041, contra la Universidad Simón Bolívar. En consecuencia: PRIMERO: Se NIEGA la solicitud de reconocimiento del tiempo que la ciudadana Janet Cova Ordaz prestó sus servicios en la Universidad Simón Bolívar bajo la modalidad de Honorarios Profesionales. SEGUNDO: se ORDENA el pago de las prestaciones sociales desde el 18 de junio de 2007, de conformidad con las normas que regulan la materia. TERCERO: se NIEGA el pago de Bolívares 441,00 correspondiente a un supuesto desc.....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado JOSÉ OMAR DELGADO TORRES, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 5.410.541, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 39.348, actuando es su propio nombre y representación contra el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. En consecuencia, se CONFIRMAN los actos administrativos de remoción y retiro contenidos en los Nº C/L/Nº 0062/00, de fecha 08 de marzo de 2000y Oficio Nº C/L/Nº 0113/000, de fecha 10 de abril de 2000, suscritos por el Presidente de la Comisión Liquidadora del Fondo Nacional del Cacao.

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de contenido patrimonial presentada por RAFAEL ERNESTO PICHARDO BELLO y JOANLY ARACELIS SALAVERRÍA PADILLA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 63.60 y 89.543 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, contra el ciudadano ÁLVARO ENRIQUE DE JESÚS ÁLVAREZ LÓPEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-11.8313.451, por enriquecimiento sin causa. En consecuencia: • Se ORDENA el pago de la cantidad de Cuatrocientos Doce Mil Novecientos Setenta y Dos Bolívares con Noventa y Dos Céntimos (Bs. 412.962,92) de conformidad con la presente motiva. • Se NIEGA el pago de la indexación de las cantidades adeudadas de conformidad con la presente motiva. • Se NIEGA el pago de la condenatoria en costas de conformidad con la presente motiva.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDO el procedimiento la demanda de contenido patrimonial interpuesta por las abogadas LILIANA SOTO RIVERA y REINARA VILLARROEL, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 81.094 y 78.232, respectivamente; actuando en su carácter de apoderados judiciales del Instituto Nacional de la Vivienda, (INAVI), contra la empresa FINANCIERA DE SEGUROS, S.A (ahora FINANCIERA DE FIANZAS, S.A.).

ÚNICO: se declara PROCEDENTE, el amparo constitucional cautelar ejercido conjuntamente con el recurso contencioso administrativo funcionarial por el ciudadano MANUEL ENRIQUE REYES PEÑA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 5.059.262, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 62.982, asistido por el abogado ARMANDO ALFARO PÉREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 73.826, contra el Acuerdo No. SM-190/2014, dictado por los Concejales OSWALDO MORA, ANA MELCHOR, MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ, DANIEL GONZÁLEZ y TIRSO FLORES, del Municipio Los Salías del estado Bolivariano de Miranda, de fecha 09 de diciembre de 2014, en consecuencia se suspenden los efectos del citado acuerdo, hasta tanto se dicte sentencia definitivamente firme en la presente causa.

DECISIÓN Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR LA REGULACIÓN DE COMPETENCIA, interpuesta por la representación judicial de la parte demandada, abogado NELSON FIGALLO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 823, en fecha quince (15) de mayo del año dos mil catorce (2014). SEGUNDO: SE DECLARA COMPETENTE al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del conocimiento de la presente causa por cuanto la materia de la acción propuesta colide con las atribuidas a su jurisdicción. TERCERO: SE ORDENA REMITIR la presente causa al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Ci.....