DECLARA CON LUGAR el Recurso de apelación ejercido por la Dra. NADIA NINOSKA PEREIRA AGUILAR, quien actúa en su carácter de Fiscal trigésima segunda (32ª) del Ministerio Público con Competencia Nacional de Ejecución en Sentencias, incoado en contra de la decisión emanada del Juzgado tercero (3°) de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29 de Noviembre del año 2.007, en la que se DECRETÓ LA LIBERTAD PLENA, a favor de la ciudadana MARÍA EVANGELISTA PÉREZ, titular de la cédula de identidad número V-16.156.913, verificado como fue que se incumplió con lo previsto en el Artículo 497 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia esa decisión queda REVOCADA, por lo que en virtud de lo contemplado en el Artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena la remisión de las actuaciones a la Oficina Distribuidora de Asuntos penales, para que otro Juez de Primera Instancia con competencia en Fase de Ejecució.....

Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado HENRY O. SANCHEZ M., Defensor Privado de las ciudadanas LESBIA Y. ABREU B. y DAYSI DEL VALLE GARCIA B. y ANULA la Audiencia Preliminar celebrada por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 20 de noviembre de 2007, así como los pronunciamientos allí contenidos, así como los actos posteriores con excepción de la presente decisión y ordena la celebración de una nueva con estricta observancia de lo aquí establecido, ante un Juzgado de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, distinto del antes mencionado.

DECLARA INADMISIBLE el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano abogado JUAN GARANTÓN, en su condición de Defensor del Acusado, ciudadano MIGUEL ENRIQUE OTERO CASTILLO, en contra de la decisión dictada en fecha 16 de enero de 2008, por el Tribunal Décimo Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró Sin Lugar las excepciones opuestas por la defensa del Acusado, ciudadano MIGUEL ENRIQUE OTERO CASTILLO, de conformidad con lo establecido en el artículo 437, literal "c", en relación con la parte in fine del artículo 31 y primer aparte del artículo 412 y, en concordancia con el encabezamiento del artículo 450, todos del Código Orgánico Procesal Penal.

DECLARA INADMISIBLE el Recurso de Apelación incoado por el Dr. JOSÉ MIGUEL MEDINA SAYAGO, actuando en su carácter de Fiscal Auxiliar trigésimo (30°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, en contra de la decisión emitida por el Juzgado vigésimo octavo (28°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 23 de Enero del año 2.008, actuando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 331 y 437 literal c y la sentencia dictada con carácter vinculante, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, número 1303, de fecha 20/06/2.005, dictada en el exp. 04-2599, cuya ponencia correspondió al Magistrado Dr. Francisco Carrasquero López, decisión que emite esta Alzada dando cumplimiento a lo dispuesto en el encabezamiento del Artículo 450 ejusdem.

de conformidad con el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la ABG. MAGALY DAVILA AVILA, Defensora Pública Septuagésima Octava (78°) Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensora del imputado GIL PALMA EDWAR JOSE, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 08 de Enero de 2008, mediante el cual se Revocó la medida cautelar sustitutiva de libertad al prenombrado ciudadano, por incumplimiento del régimen de presentaciones periódicas de cada quince días, siendo que, una vez efectiva su aprehensión y puesto a la orden, se pronunciará en relación con la solicitud incoada por la defensa referida a la fijación de plazo prudencial al Ministerio Público para la presentación del acto conclusivo de la investigación, conforme al artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal.