En fuerza de todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: Se anula el auto recurrido, de fecha 14 de marzo de 2013, el cual queda sin efecto alguno, y se repone la causa al estado que el Jugado 38° de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial, se pronuncia acerca de si adolece el poder impugnado del vicio que le imputa la parte demandada, en el juicio seguido por, JOSE LEONARO IBARRA RUIZ y FRANCISCO JAVIER ORTIZ AULAR, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y portadores de las cédulas de identidad números: 6.226.632 y 15.019.014, respectivamente; contra las firmas mercantiles, de este domicilio, DECORACIONES MOBILNOR, C.A.; OFIAVILA 2949, C.A y GRUPO MOBILUXE, C.A., por reclamación de prestaciones sociales y d.....

En consecuencia, esta Juzgadora en estricto acatamiento de los criterios jurisprudenciales ut supra citados, niega el recurso de apelación contra el decreto de Medida Cautelar Innominada dictado el día 05 de febrero de 2013, planteado por el Abogado en Ejercicio José Santiago De Los Ríos. ASÍ SE DECIDE.

este Juzgado administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (vía INTIMATORIA), incoara por la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA BURLERO, C.A., contra la Sociedad Mercantil CONSERVE DI MARE LOS SANTANIELLO, C.A, y declara: PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre bienes propiedad de la parte demandada, hasta cubrir la cantidad de: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 794.912,80), suma ésta que comprende el doble de la cantidad demandada, más las costas procesales calculadas prudencialmente por este Juzgado en un veinte (20%) las cuales ascienden a la cantidad de SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 72.264,80).- Si la medida recayera sobre cantidades líquidas de dinero la misma deberá ser practicada sobre la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCH.....

Se dictó resolucion mediante la cual se procedió a declarar que procesalmente no ha lugar a la oposicion a la medida por cuanto la misma no se ha ejecutado, tal como lo expresa el artículo 466 C de la LOPNNA. Asimismo se considera improcedente la pretensión de nulidad del auto de fecha 10-04-13, por los conceptos expresados en la sentencia.

Por las razones expuestas el presente fallo se condena judicialmente al ciudadano LUÍS FERNANDO TOLEDO BLANCA, titular de la cédula de identidad N° V-16.999.800, a cancelar a la ciudadana MARIA ALEXANDRA LARA YANES, titular de la cédula de identidad N° V-6.518.248, la cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 8.470,00).

Se declara DESISTIDO, la presente demanda de Obligación de Manutención, presentada por la ciudadana, LEIDI PASTORA TORTOLERO CAMPOS, titular de la cédula de identidad V- 15.206.747, contra el ciudadano, JUAN JOSÉ HERNANDEZ ALGARA, venezolana, mayor de edad titular de la cédula de identidad V- 12.784.368,

este Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y para el Régimen Procesal Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial y Nacional de Adopción de Internacional, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA, en todas y cada una de sus partes lo acordado por los solicitantes, y le imparte su aprobación en los mismos términos en que han sido expuesto, dándole carácter de SENTENCIA FIRME EJECUTORIADA, todo ello de conformidad con el artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 518 ejusdem

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la oposición formulada por la abogada GLORIA EICES FAJARDO SERRANO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 113.070, obrando con el carácter de delegada de la Procuradora General de la República, como representante legal del Gobierno del Distrito Capital, por órgano del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, parte querellada, en contra de las pruebas promovidas por la parte actora, conforme a la motiva de la presente providencia. SEGUNDO: SE ADMITEN las pruebas documentales contenidas en el Capítulo I, conforme a la motiva de la presente providencia. TERCERO: SE ADMITE la prueba de exhibición contenida en el Capítulo II, conforme a la motiva de la presente providencia.

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Tercero (3°) Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por expresa autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión dictada por el Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 03 de agosto de 2012. SEGUNDO: SE CONFIRMA LA DECISION RECURRIDA.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero (3°) Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por ACCIDENTE LABORAL Y OTROS CONCEPTOS LABORALES incoada por el ciudadano MARCOS VIÑA, contra ASOCIACION CIVIL PLAZA JARDIN debidamente identificado en autos, por lo que se condena a esta última a cancelarle a la parte actora los conceptos especificados en la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO: por la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas. Se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República en base al artículo 97 de la ley que la rige, el cual indica textualmente: "Los funcionarios judiciales están igualmente obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza.....