Visto que en fecha Veintiocho (28) de Julio de Dos Mil Diez (2010), fue juramentado como Juez Provisorio de este Juzgado por ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela el Ciudadano JOSÉ VALENTÍN TORRES RAMÍREZ, en virtud de ser concedido el beneficio de jubilación a la Ciudadana BELKIS BRICEÑO SIFONTES, tomando posesión de su cargo el día Trece (13) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), se deja expresa constancia de su abocamiento al conocimiento de la presente causa. As imismo, vencido como se encuentra el lapso de apelación, este Órgano Jurisdiccional DECLARA FIRME LA SENTENCIA, dictada en fecha treinta (30) de abril mil nueve (2009) por este Juzgado, mediante la cual declaró CON LUGAR la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, en consecuencia este Juzgado ordena el archivo del presente expediente en la Sede de este Órgano Jurisdiccional, constante de una (01) pieza judicial en setenta y tres (73) folios útiles. EL JUEZ PROVISORIO .....

III DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE por Caducidad el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesta por las abogadas Concepción Olimpia Fermín Muñoz, Luis Bermúdez y Elizabeth Arriojas, inscritos en el INPREABOGADO bajo el Nº 30.109, 056 y 29.135, respectivamente, apoderados judiciales de la ciudadana LUISA MARGARITA ALEJO, titular de la cédula de identidad Nº 4.259.710, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los Diez (10) días del mes de Enero de Dos Mil Trece (2013). EL JUEZ Abg. JOSE VALENTIN TORRES LA SECRETARIA Abg. LISBETH BASTARDO En esta misma fecha 10-01-2013, sie.....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara ¬¬¬¬¬¬¬INADMISIBLE POR INEPTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES la querella interpuesta por el abogado Miguel A. Casanova Obispo, actuando como apoderado judicial del ciudadano LUIS RAMÓN RAMÍREZ GARCÍA, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES).

SE DECLARÓ DESISTIDO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

este Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas HOMOLOGA con fuerza de cosa juzgada la transacción presentada por el ciudadano DAVIM AUGUSTO MORENO LLOVERA y ELCA COSMETICOS, S.A.

Por las razones expuestas este Juzgado DÉCIMO CUARTO (14°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO SIN LUGAR la demanda por cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ SALGADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 6.464.884 contra PDM PRODUCTOS DEL MAR C.A., Inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital en fecha 4 de septiembre de 2008, anotada bajo el Nro. 43, tomo 168-A-Sdo, EMS ESTUDIOS, MERCADOS Y SUMINISTROS, C.A., Inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 15 de junio de 2004, anotada bajo el Nro. 94, tomo 924-A. SEGUNDO PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ SALGADO, venezolano, mayor d.....

En base a los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÀREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana MELIDA CENOVIA SERRADA contra la FUNDACIÓN MISIÓN PIAR. SEGUNDO: Se condena a la demandada a pagar a la actora, tomando en consideración un tiempo de servicio comprendido entre el 16 de agosto de 2010 al 5 de noviembre de 2010, es decir, 04 meses y 20 días, así como el un salario normal mensual de Bs. 5.000,00, es decir, diario de Bs. 166,66 y un salario diario integral de Bs. 193,46 (que comprende las alícuotas de bono vacacional a razón de 07 días de salario de Bs. 2,8 y la alícuota por bonificación de fin de año a razón de 90 días de salario de Bs. 24,00, de conformidad con lo previsto en el artículo.....

"(...) este Juzgado Trigésimo (30°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en fase de ejecución, le imparte la HOMOLOGACION a dicho cumplimiento. (...)"

D E C I S I Ó N En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal Vigésimo (20°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA la transacción celebrada entre la empresa JOBS SERVICES ETT C.A., y la ciudadana YUBALINA MERCEDES VASQUEZ ARGUELLES, en los mismos términos y condiciones en ella establecidos, dejando expresa constancia que solo quedan homologados los conceptos de carácter laboral, salvo del Desistimiento de la Acción.

Este Tribunal, con vista a la manifestación de voluntad expresada por la parte, da por concluido el presente proceso; y por cuanto evidencia no se vulneran derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, procede a HOMOLOGAR EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO en los términos expresados, otorgándole el carácter de cosa juzgada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 263 del Código de Procedimiento Civil, que aplica el Tribunal en forma analógica, conforme a las facultades otorgadas al Juez del Trabajo, en el artículo 11 de la Ley Adjetiva Laboral.