Admisión de Recurso.-

Amisión de Recurso.

Admisión de Recurso.

Este TRIBUNAL SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA y extinguido el presente proceso, toda vez que es evidente la absoluta intención de la parte interesada de abandonar el juicio, y visto que se cumplió suficientemente el lapso previsto para considerar extinguida la instancia por la inactividad procesal en que se mantuvo por más de un (1) año el Recurso Jerárquico y subsidiariamente Recurso Contencioso Tributario, interpuesto en fecha 28 de octubre de 2003, por la Ciudadana ALEXANDRINA PETA, titular de la cédula de identidad No. V-17.298.436, actuando en su carácter de Gerente General de la contribuyente "JOYERIA GISELLE, C. A.", inscrita por ante el Registro Mercantil IV. De la Circunscripción Judicial del Distrito Capital Estado Miranda, en fecha 27 de abril de 1998, bajo el No. 34, Tomo 19-A Cto., expediente 6.460, domiciliada e.....

Este TRIBUNAL SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY SE DECLARA: 1. CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por las profesionales del derecho RAFAEL BADELL MADRID y NICOLAS BADELL BENITEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 5.530.274 y 13.307.362, respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo las matrículas Nos. 22.748 y 83.023, respectivamente, procediendo en este acto en sus carácter de Apoderadas Judiciales de LINEAS AEREAS COSTARRICENSES, S.A., Sociedad Mercantil inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 10 de octubre de 1979, anotada bajo el No. 38, Tomo 161-A-Pro., de conformidad con lo establecido en el artículo 259 y siguientes del Código Orgánico Tributario, contra el act.....

Se declaró SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución Nº DA-008-RJ-2006 emanada de la Dirección de Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Pedro María Freites del Estado Anzoátegui en fecha 28 de agosto de 2006, mediante la cual se impone multa, por un monto de Bs. 15.273.835,80 (Bs. F. 15.273,80); y, en virtud de la presente decisión válida y de plenos efectos. Se exime de Costas Procesales a la recurrente de acuerdo al criterio dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 30 de septiembre de 2009, caso: Julián Isaías Rodríguez. De esta sentencia no se oirá apelación en relación a la cuantía.

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, decide: PRIMERO: Se ADMITE, cuanto ha lugar en derecho, el presente recurso contencioso tributario. SEGUNDO: Se ordena proceder a la tramitación y sustanciación del expediente hasta su decisión definitiva. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario, visto que la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Miranda, no formuló oposición a la admisión; se entenderá según lo dispuesto en el artículo 268 ejusdem, que el primer día de despacho siguiente, la causa quedará abierta a pruebas. Dado, firmado y sellado en la Sala del Despacho del Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, a los 15 días del mes de noviembre de dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación. LA JUEZA, BEATRIZ B. GONZÁLEZ.- LA SECRETARIA, .....

Por las Razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por los ciudadanos Alaska Moscazo Rivas, Saúl R. Medina, Juan Andrés Osorio, Carolina Caniche, Maria Laura Ferrer y William Valongo, Venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nos. 8.744.735, 12.748.309, 14.202.334, 10.337.998, 12.544.133 y 14.606.953 respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la contribuyente e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los Nos. 48.337, 70.497, 93.829, 60.143, 127.265 y 104.721 respectivamente; actuando como apoderados judiciales de Elecnor de Venezuela, S.A., sociedad mercantil, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 63, Tomo 438-A-Sgdo, en fecha 08 de septiembre de .....

, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario ADMITE dicho Recurso Contencioso Tributario, en cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva. Procédase a su tramitación y sustanciación, de conformidad con el Artículo 268 y siguientes eiusdem. Igualmente, se recuerda a las partes, que la causa se encontrará abierta a Pruebas, ope legis, el primer día de Despacho siguiente a la presente fecha, de conformidad con lo previsto en el supra mencionado Artículo 268 del mismo Código. Dado, firmado y sellado en la Sede del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los quince (15) días del mes de noviembre del año dos mil diez (2010). Años 200 de la Independencia y 151 de la Federación.

Así se tiene que dentro de esas obligaciones se encuentra la provisión de las reproducciones fotostáticas necesarias para librar la compulsa, indicar al Alguacil que corresponda la dirección o domicilio donde debe practicarse la citación de la parte demandada, así como suministrar las expensas suficientes y necesarias para la práctica de la citación personal de la parte demandada, según sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, de fecha 6 de Julio de 2.004, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ; debiendo cumplirse dichas obligaciones dentro del preclusivo plazo de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha de admisión de la demanda; tales obligaciones han sido creadas con el fin de garantizar la aplicación del principio de celeridad procesal, todo lo cual obliga a la parte demandante a ejercer debidamente sus funciones procesales, toda vez que fue precisamente esa parte la que activó, mediante la introducción de su libelo de demanda, al Órgano Jurisdicci.....